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La Universidad Nacional de Río Negro reclama por el cese de la violencia y la represión PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 29 de noviembre de 2017
Image Meses atrás la Gendarmería persiguió y reprimió a un grupo de mapuches y militantes sociales en lucha por la restitución de tierras, represión que causó la muerte de Santiago Maldonado. Este último sábado, la Prefectura reprimió con armas automáticas largas a otra comunidad mapuche, lo que causó la muerte de Rafael Nahuel, un joven de 21 años residente de un humilde barrio de San Carlos de Bariloche.

La cuestión de la tierra y los reclamos de quienes son pueblos originarios de la patagonia argentina, obliga al Estado nacional a desarrollar una política pública de reconocimiento, comprensión y diálogo, en búsqueda de soluciones de convivencia, sobre la base del principal derecho humano que es el derecho a la vida, tal como lo expresa la Constitución Nacional y el derecho internacional.

Basar la política pública en las fuerzas de seguridad y en la represión no tiene otra consecuencia que la que estamos viviendo. Han perdido la vida dos seres humanos, ambos huyendo, uno hacia un río y otro hacia la montaña. Estos hechos no hacen sino revelar la gravedad de recurrir a las fuerzas de seguridad militarizadas para resolver los reclamos de acceso a la tierra.

Violencia maximizada por el amateurismo mediático, que contribuye, por estos días, a construir la figura de un enemigo interno. La inacción del Estado nacional para resolver la tenencia de tierras conlleva a luchas por su restitución, donde familias originarias y militantes sociales se ven confrontados por fuerzas de seguridad armadas con ametralladoras, fusiles y pistolas.

Pasar del uso de armas disuasivas frente a un conflicto de esta naturaleza, al de armas de guerra es desconocer todos los protocolos de seguridad existentes en el mundo para este tipo de situaciones.

Reclamamos por el cese inmediato de la política represiva y de toda violencia, la prudente actuación de la justicia y la formulación y consenso de una política de estado que implemente los derechos de los pueblos originarios. La Constitución Nacional reconoce la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra que ocupan y les garantiza, en caso de no alcanzar las que ocupan, otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Otros países como Canadá lo pudieron hacer.

Los hechos del presente nos remontan al violento proceso iniciado a fines del siglo XIX, con la conquista militar de la Patagonia, que implicó la violencia abierta hacia un pueblo por el simple hecho de ser lo que es. Que continuó luego en los años 20 con los asesinatos de la Patagonia trágica. Los argentinos no podemos aceptar tales retrocesos ni una política de creación de enemigos frente a los cambios del orden mundial que nos colocan frente al desafío de hallarnos unidos a fin de construir una mejor y más justa Nación, inclusiva de los pueblos originarios.

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