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Una mirada sobre la energía, los subsidios y los servicios públicos - por Osvaldo Nemirovsci PDF Imprimir E-Mail
sábado, 19 de mayo de 2018
Image En lo jurídico, y no muy alejado de su real esencia, podemos describir a los servicios públicos como las actividades realizadas a fin de ofrecer prestaciones a los habitantes de un país para que les sea más fácil sostener una vida digna. Esto incluye espacios de diverso orden como los suministros de agua, luz, gas, transporte, educación, salud, comunicaciones. Y en verdad también poseen otra condición, a mas de ser esenciales para la calidad de vida de las personas, pues mirando lo colectivo influyen y se constituyen como parte necesaria de desarrollos sociales y económicos de cualquier comunidad. Es inimaginable que alguna sociedad pueda consolidarse en forma respetable sin acceder a la utilización de los servicios públicos.

Una interpretación cargada de sentido común nos dice que algunas de esas variables públicas; como la electricidad, el gas y el agua, son bienes comunes y por ende se fundan en una construcción colectiva de carácter social y tienen la prioridad de servir al conjunto de una sociedad. Es cierto que su administración puede ser realizada por el estado mismo o dada en ese carácter a terceros por lo que adquieren, en este caso, una apreciación mercantilizada pero que en absoluto le quita su estimación trascendental por lo que con mirada estratégica debe ser custodiado su manejo como materia tangible desde lo físico pero intangible desde su valoración como parte de la riqueza correspondiente a una Nación y a las necesidades individuales, colectivas y productivas de sus habitantes.

El argumento cimentado en la negatividad de la energía subsidiada y en su uso arbitrario y desbocado se impulsa desde dos posiciones hermanadas en el objetivo de cuantificar en forma excesiva el consumo de estos servicios púbicos. Una desde la política intenta convencer que hubo años de 3D en su utilización (Dispendio – Derroche – Despilfarro) y la otra posición se cimienta desde una mirada fiscalista recaudatoria a la vez que posee un fuerte sesgo económico de multiplicación de ingresos para las empresas privadas vinculadas al sector de la energía. Por consiguiente y con el aumento recargado del costo del servicio los recursos que devienen pasan principalmente hacia la ultra valoración de las acciones de las empresas y secundariamente mejoran la recaudación tributaria.

Hoy se vive un momento de confusión, existe un grado de aceptación social sobre la consigna de lo baratas que eran las tarifas y lo mal resuelto que fue el subsidio aplicado. Seguramente en ambos casos con algo de razón y necesidad de modificarse, pero todo adquiere un sentido distinto cuando aparecen, un mes y otro, en las facturas domiciliarias y de comercios y Pymes cifras descomunales que simbolizan, lejos de cualquier gradualismo, un shock importante de aumento y dificultada de pago. El gobierno se coloca, sin lugar a dudas, como garante e instrumentador de una gigantesca transferencia de recursos hacia porciones empresarias que conducen desde lo privado el proceso de generación y distribución de energía. En concreto apunta a mejorar las rentabilidades comerciales sin tomar en cuenta la indefensión en que deja a millones de argentinos. Contemporáneamente, tampoco elabora y al calor de estas ganancias extraordinarias, no genera obligaciones claras para las empresas de formalizar inversiones y asegurar un servicio de calidad.

En el mundo, el mayor consumo de la electricidad y del gas, se considera una muestra de avance y es un dato a tener en cuenta cuando se miden las performances de las naciones. Habla de su desarrollo industrial, de su generación de riqueza. Y en los individual o familiar, el consumo está ligado a la calidad de vida. No se mide una mejor valía en este caso, cuando menos se consume. Por eso el valor de la producción de estos servicios es tomado en parte por el Estado. Y se expresa en subsidios al consumo. Como en China donde es de casi el 40,3% o EUA que subsidia casi el 4%. En lo regional se mide un promedio de subsidio a la energía de cerca del 5%. Argentina, está por debajo de estos ejemplos con un índice de subsidio del 3,2%.

Aun aceptando que se distorsionaba el costo, que era más ventajoso para Caba y Provincia de Bs As que en el interior, que hubo mal manejo de los fondos destinados al subsidio, la respuesta no puede ser nunca un brutal incremento tarifario que funge casi como cástigo bíblico a los hogares por haber pecado al aceptar que los servicios públicos fueran módicos.

Es falso que se mal utilizó y dilapidó el consumo por no significar un costo importante en el ingreso familiar. En 2014 con las tarifas subsidiadas (aprox 2% de los ingresos) se consumía un 3,8% más de electricidad que en 1990 con las tarifas caras y dolarizadas (8,7% de los ingresos). Es falso que en la Patagonia existen como dato masivo veredas con losa radiante (Noticiero Telefe), como es falso que los patagónicos “andan en cuero y patas en sus casas de tanta calefacción que ponen” (Ministro Frigerio dixit). No existe ninguna medición que muestre que las tarifas asequibles son mal utilizadas. Se revive el viejo y falso rumor sobre que los pobres que accedían a una vivienda digna durante 1946/55, lo primero que hacían era levantar el parquet para usarlo en el asado ¡).

Lo que ocurre es que hay un gran desprecio por la calidad de vida de los vulnerados y más pobres (es complicado acceder a la tarifa social y no es muy claro su continente) y desinterés por el futuro de comercios locales, clubes de barrio, empresas unifamiliares y Pymes. Auxiliar en los costos de la energía, como se hace en todo el mundo, mejora la calidad de vida, asegura bienestar a niños y a ancianos, garantiza que el 70% de la economía nacional sustentada en Pymes pueda trabajar sin contratiempos.

Hay que hallar una propuesta sensata, gradual y justa que normalice, a favor de la gente, este terremoto social provocado por los aumentos. Para usar palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las tarifas deben ser “no confiscatorias”, “proporcionales” y “pagables”. Probablemente deba explorarse un regreso razonable a valores de un tiempo atrás y su aumento en virtud de datos referidos a los ingresos salariales e inflacionarios.

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