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19
2019

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La corte y los delitos de lesa humanidad PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 22 de mayo de 2019
Image La Corte consideró que las acciones laborales destinadas a obtener la reparación de daños derivados de delitos de lesa humanidad, están sujetos a los plazos de prescripción de la normativa aplicable, el voto fue por mayoría.

Los votos fueron conformados por los Ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Todos remitieron al precedente “Villamil” (Fallos: 340:345). Los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti, agregaron fundamentos adicionales. Por su parte, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votaron en disidencia afirmando que el deber de reparar los daños derivados de los delitos de lesa humanidad no se extingue por el paso del tiempo.

En 1977 Enrique Roberto Ingegnieros fue secuestrado en Techint, empresa en las que prestaba servicios como técnico dibujante. A raíz de esta desaparición forzada en horario de trabajo y en las instalaciones laborales, su hija María Gimena Ingegnieros demandó a Techint S.A. con el objeto de obtener una reparación fundada en la ley 9.688 (de accidentes de trabajo). La empresa opuso excepción de prescripción.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que el reclamo de una reparación patrimonial originado en un delito de lesa humanidad era imprescriptible. En su segunda participación, la cámara, al revocar por mayoría la sentencia de grado adversa a la pretensión sustancial de la actora, hizo lugar al reclamo y estimó procedente la indemnización prevista en el art. 8°, inciso “a” de la ley 9.688.

A través de declaraciones de testigos que trabajaban en la misma empresa al momento del hecho, se pudo acreditar que el secuestro de la víctima se produjo en el lugar de trabajo. Además la causa cuenta con constancias del habeas corpus interpuesto por el suegro de la víctima ante la justicia con motivo de la desaparición y demás informes pertinentes que dan garantía que la desaparición forzada se produjo dentro de las instalaciones de la empresa demandada y con la respectiva connivencia de la misma.

Como el hecho dañoso se había producido en ocasión del trabajo y las circunstancias del caso impedían considerarlo como fruto de un factor ajeno a él (pues el trabajo y los conflictos a él inherentes fueron la causa de la desaparición de los trabajadores), los jueces que formaron la mayoría coincidieron en la procedencia de la reparación del daño con arreglo al sistema de indemnización tarifada de la ley 9.688.

Contra esto, la demandada interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó a la queja resuelta por la Corte.

Por su parte, el Juez Rosenkrantz mencionó jurisprudencia precedente, tratándose de “Villamil” donde se reafirmó que las acciones indemnizatorias derivadas de daños causados por delitos de lesa humanidad están sujetas al régimen de prescripción propio de la normativa específica y no resultan alcanzadas por la imprescriptibilidad de las correspondientes acciones penales. Además destacó que no existe en el derecho argentino una norma que aplique para los hechos que originaron un reclamo indemnizatorio derivados de delitos de lesa humanidad, que se consideren imprescriptibles.

Por otro lado, el juez Lorenzetti sostuvo que no existe norma positiva que consagre la imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias como la deducida por la actora. Además carece de fundamento normativo tanto en el orden de nuestro derecho interno como en el del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Resaltó también que la aplicación de la norma fijada en los precedentes era indiscutible, ya que el Tribunal afirmó que no era atendible el argumento en virtud del cual la acción para reclamar el resarcimiento patrimonial es imprescriptible porque nace de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles desde la óptica del reproche penal, porque la primera atañe a materia disponible y renunciable, mientras que la segunda, relativa a la persecución de los delitos de lesa humanidad, se funda en la necesidad de que los crímenes de esa naturaleza no queden impunes, es decir, en razones que exceden el interés patrimonial de los particulares afectados. Lo que la Corte intenta señalar es que en estas acciones indemnizatorias, se pone en tela de juicio el interés particular de quien reclama, en cambio, en las acciones penales se compromete el interés de la comunidad internacional.

Lorenzetti destacó la analogía existente entre los precedentes “Larrabeiti Yáñez” y “Villamil” con el presente caso, en virtud de que en ellos, los actores pretenden el reconocimiento indemnizatorio, y tienen la naturaleza del resarcimiento reclamado. En tal sentido, se inclinó a revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda.

Quienes votaron en disidencia fueron los jueces Maqueda y Rosatti, que sostuvieron que el derecho a reclamar una indemnización a la empresa cuyos directivos fueron cómplices en la desaparición forzada, no estaba sujeto a plazo de prescripción. El deber de reparar los daños derivados de los delitos de lesa humanidad, que pesa tanto sobre el Estado que los cometió como sobre los particulares que actuaron como cómplices, no se extingue por el paso del tiempo.

Se basaron en los principios que surgen de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que han sido receptados en materia de investigación persecución y sanción de delitos de lesa humanidad como de reparación de los daños producidos por tal tipo de delitos.

En este caso particular, señalaron que se tuvo por demostrado que los directivos de Techint eran conscientes de la actividad que desarrollaban personas de la empresa, destinadas a cumplir tareas de espionaje, y que no sólo tuvieron una conducta omisiva, sino comisiva y complaciente, destinada a facilitar que terceros prepararan la desaparición forzada y que este episodio fue consecuencia de un conjunto de actos de “inteligencia interna”.

Sobre esto, aseguran que la conducta responsable que le atribuye la demandada a la empresa, debería ser entendida como una “participación necesaria” en el secuestro de su padre, identificada como una práctica habitual en el terrorismo de Estado vigente en nuestro país en la época examinada.

En tal sentido, sostuvieron que la respuesta estatal en el juzgamiento de dichos actos, aun cuando se trate en el caso de su consecuencia patrimonial, debe seguir los criterios de estricta reparación que rigen para los delitos de lesa humanidad, pues no hubieran sido posibles sin la colaboración de quienes contribuyeron a la comisión de tan aberrantes acciones sin haber demostrado condicionamientos para su obrar.

En síntesis postularon que la imprescriptibilidad de las acciones de responsabilidad patrimonial derivadas de delitos de lesa humanidad permite remover los factores que determinan la impunidad de los autores y demás responsables de estos crímenes, satisfacer el derecho a la verdad, la memoria y la justicia, y asegurar el acceso de las víctimas a la reparación de forma tal que se asegure su realización como seres humanos y se restaure su dignidad.

Destacaron que sus votos también fueron en disidencia en el precedente “Villamil” y que sus argumentos fueron recientemente sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme a que la aplicación de un plazo de prescripción en casos en los que se procura la reparación patrimonial por los delitos de lesa humanidad, violenta a los derechos y garantías judiciales, y sobre todo a la protección judicial reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por su parte, la jueza Highton de Nolasco consideró que el presente caso es idéntico al ya resuelto por este Tribunal en los precedentes "Larrabeiti Yañez" y "Villamil", razón por la cual remitió a lo allí resuelto.

AUTOR: HUGO LOPEZ CARRIBERO

ABOGADO PENALISTA

PROFESOR DE DERECHO PROCESAL PENAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHACO AUSTRAL

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