Un proyecto de ley presentado por el bloque Cambia Río Negro busca derogar la resolución que eliminó las sanciones punitivas en las secundarias de la provincia. La iniciativa propone volver a un límite estricto de inasistencias y establecer un nuevo sistema disciplinario ante casos de violencia y bullying.

Legisladores del bloque Cambia Río Negro presentaron un proyecto de ley que busca modificar las reglas de asistencia y convivencia en las escuelas secundarias de la provincia. La iniciativa apunta a derogar la Resolución N° 4617/17 del Consejo Provincial de Educación (CPE), vigente desde 2018, que eliminó las sanciones punitivas y reemplazó el sistema disciplinario por uno de acompañamiento.

Los autores del proyecto —Patricia Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich— argumentaron que la normativa actual dejó a los docentes desprotegidos ante casos de acoso escolar y violencia. Sostienen que ‘la ausencia total de consecuencias no favoreció la inclusión educativa, sino que debilitó el sentido de pertenencia y los aprendizajes’.

El nuevo régimen propone retomar un límite numérico de asistencias estricto. Se establecería un tope máximo de 25 faltas justificadas anuales o 20 inasistencias en total (entre justificadas e injustificadas). Además, tres llegadas tardías o retiros anticipados equivaldrían a una inasistencia. El sistema prevé notificaciones y acompañamiento progresivo al alcanzar las 10, 15 y 20 faltas.

Si un alumno supera el límite establecido, perderá la condición de alumno regular y no accederá a la promoción directa, debiendo cumplir con instancias de acompañamiento y evaluación integradora o acreditar de forma libre. Sin embargo, el proyecto aclara que ninguna medida implicará la expulsión definitiva del sistema educativo.

En materia disciplinaria, la iniciativa introduce el Régimen de Responsabilidad Reparadora Educativa (RRRE), que clasifica las inconductas en tres niveles. Las faltas leves —como el uso inadecuado del celular o el lenguaje irrespetuoso— se abordarían con llamados de atención o actividades de reflexión. Las graves —como daño a bienes, bullying verificado o agresión verbal— podrían sancionarse con amonestaciones o suspensiones de 1 a 3 días. Los casos muy graves —violencia física, amenazas o ciberbullying sostenido— contemplarían suspensiones de 4 a 10 días, y en situaciones de extrema gravedad, el estudiante podría ser reubicado transitoriamente en otra institución.

El nuevo régimen establece que cada dos amonestaciones se computará una inasistencia injustificada. Durante los días de suspensión, el alumno no podrá ingresar al establecimiento escolar, pero la escuela deberá proveerle tareas y garantizar sus evaluaciones.

Los legisladores remarcaron que ‘el sistema no busca ser puramente punitivo’. Las intervenciones exigirán medidas reparadoras acordadas con el estudiante, tales como tareas de limpieza o mantenimiento, proyectos solidarios, talleres reflexivos o disculpas formales a los afectados. La normativa prohíbe expresamente las prácticas humillantes o estigmatizantes y aclara que las sanciones de convivencia nunca podrán afectar las calificaciones académicas de los jóvenes.