La Legislatura de Río Negro sancionó una ley que obliga a quienes provoquen siniestros viales bajo efectos del alcohol o estupefacientes a reintegrar los gastos de atención médica al Estado. La norma también alcanza a otras conductas graves como exceso de velocidad y conducción sin licencia.
En la sesión de este jueves, los legisladores rionegrinos aprobaron una nueva norma que establece que los conductores responsables de siniestros viales bajo los efectos del alcohol o estupefacientes deberán reintegrar al Estado provincial los gastos de atención médica. La obligación aplicará en los casos en que dichos gastos no sean cubiertos por obras sociales o seguros.
El proyecto de ley, presentado por el legislador Fernando Frugoni del bloque CC ARI Cambiemos, había obtenido sanción en primera vuelta durante una sesión extraordinaria en diciembre de 2025. Este jueves alcanzó la segunda vuelta con 24 votos positivos y 17 negativos, logrando así su aprobación definitiva.
La medida no se limita exclusivamente a conductores bajo efectos de sustancias, sino que también alcanza a otras conductas graves que pongan en riesgo la seguridad vial. Entre ellas se incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo y la conducción sin licencia habilitante.
La autoridad de aplicación de esta ley será el Ministerio de Salud de la provincia. En caso de incumplimiento por parte de los responsables, se prevé la ejecución judicial para garantizar el cobro de los gastos médicos. Además, la norma establece la realización obligatoria de capacitaciones en seguridad vial para los infractores.
En la misma sesión legislativa, los diputados provinciales aprobaron la creación del Observatorio Provincial de Arbolado Público, cuyo objetivo será monitorear y gestionar el arbolado urbano con especies autóctonas. Esta iniciativa contempla entre sus funciones el censo y mapeo periódico del arbolado, la evaluación sanitaria de los ejemplares y la promoción de la reforestación en espacios públicos.
El Observatorio contará con la participación de organismos públicos, instituciones académicas y representantes de la sociedad civil. Ambas leyes sancionadas este jueves deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo provincial para su efectiva implementación.
