Un agente del Servicio Penitenciario de Río Negro fue declarado culpable de recibir dinero para facilitar el ingreso de alcohol y estupefacientes al penal de General Roca. La condena se basó en conversaciones de WhatsApp y transferencias bancarias que confirmaron el acuerdo con un interno condenado por robos.

La Justicia declaró culpable a un trabajador del Servicio Penitenciario de Río Negro por el delito de cohecho, tras comprobarse que recibió dinero a cambio de permitir el ingreso de bebidas alcohólicas y drogas al Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca. La sentencia se fundamentó en mensajes de celular, fotografías y movimientos bancarios que evidenciaron el acuerdo ilícito con un interno.

El caso se destapó el 12 de agosto de 2022 durante una requisa de rutina en el penal. El personal de seguridad encontró un teléfono celular encendido y sin bloqueo en una de las celdas. Al analizar el contenido del dispositivo, aparecieron imágenes del interior de la cárcel y conversaciones comprometedoras que involucraban al empleado penitenciario.

En los mensajes recuperados, el detenido negociaba con el agente el ingreso de ‘mari, pastillas y alcohol etílico’ a cambio de 10 mil pesos. Las conversaciones incluían detalles sobre cómo se repartiría el dinero y cuánto correspondía al penitenciario por concretar la operación. Uno de los mensajes más reveladores fue un reclamo del interno que decía: ‘¿me querés dormir la plata?’, evidenciando que existía un acuerdo previo.

La investigación judicial reveló que apenas dos días después de esas conversaciones, el 7 de agosto de 2022, se realizaron dos transferencias bancarias hacia una cuenta asociada a la pareja del acusado: una de 4.500 pesos y otra de 5.500 pesos. La coincidencia entre los montos acordados en los chats y el dinero transferido fue considerada por la magistrada como prueba central del cobro de la coima.

Además, los informes telefónicos y registros internos del establecimiento permitieron vincular el número utilizado en las conversaciones directamente con el trabajador penitenciario. Se comprobó que el acusado cumplía funciones de mantenimiento en el penal, lo que le permitía circular por distintos pabellones y mantener contacto frecuente con los internos, facilitando este tipo de maniobras.

El interno involucrado en el caso es Fabio Daniel Bonnefoi, quien cumple una condena de 12 años de prisión por distintos robos agravados cometidos con armas de fuego. Bonnefoi continúa alojado en el penal mientras avanzan instancias de revisión vinculadas a su condena.

La defensa del penitenciario intentó invalidar las pruebas obtenidas del celular secuestrado, argumentando que el acceso inicial al dispositivo había sido irregular. Sin embargo, la jueza rechazó el planteo considerando que el procedimiento respondió a motivos de seguridad dentro del penal y que la objeción fue presentada fuera de término. Además, señaló que posteriormente se realizó una pericia judicial formal sobre el contenido del aparato.

La magistrada explicó que el delito de cohecho queda configurado desde el momento en que el funcionario acepta el trato y recibe el dinero, independientemente de que la entrega de los elementos prohibidos se concrete o no. Por esta razón, aunque no se logró comprobar que las sustancias o el alcohol ingresaran efectivamente a la cárcel, la condena igualmente procede.

En la resolución, la jueza descartó otra imputación que había sido analizada durante el proceso: la de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con el veredicto de culpabilidad ya establecido, el expediente ingresó en la etapa de cesura, donde se debatirá la pena que deberá cumplir el penitenciario. Las partes tienen cinco días para presentar nuevas pruebas vinculadas a la determinación de la condena, y luego se fijará una audiencia para conocer la sanción definitiva.