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Río Negro invertirá U$S 18 millones en gestión de riesgo climático y contra incendios

La provincia avanza con un plan integral financiado por el BID que incluye fortalecimiento del SPLIF, infraestructura hídrica para zonas ganaderas y malla antigranizo para productores frutícolas. El programa responde a 810 declaraciones de emergencia agropecuaria registradas entre 2010 y 2026, en un contexto de cambio climático que intensifica los eventos extremos.

Río Negro implementará un plan integral de gestión del riesgo climático con una inversión de U$S 18 millones destinada a infraestructura, equipamiento, asistencia técnica y fortalecimiento institucional. La iniciativa, que forma parte del programa de Desarrollo Productivo Rural financiado por el BID, busca acompañar a productores, comunidades rurales y organismos que intervienen ante emergencias climáticas.

El proyecto consolida años de trabajo provincial frente a una realidad crítica: entre 2010 y 2026, Río Negro registró 810 declaraciones de emergencia agropecuaria. La sequía encabeza la lista con 253 eventos, seguida por el granizo con 108 y las heladas con 94. Los estudios técnicos muestran temperaturas en aumento, precipitaciones que cayeron hasta un 25% por debajo del promedio histórico en algunas zonas, y tormentas eléctricas cada vez más frecuentes.

‘Río Negro tiene agua, sol y tierra, pero también tenemos la responsabilidad de garantizarles a nuestros productores más herramientas frente a contingencias climáticas cada vez más frecuentes. Gestionar el riesgo también es cuidar la producción, el trabajo y el arraigo en cada región de la provincia’, señaló el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, quien destacó que se trata de ‘una política de Estado que el gobernador Alberto Weretilneck viene impulsando’.

Uno de los ejes centrales del plan es el fortalecimiento del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). Si bien las intervenciones bajaron de 688 a 160 por temporada en la última década gracias al trabajo preventivo, las condiciones climáticas generan incendios cada vez más agresivos. Los números son contundentes: el incendio Cuesta del Ternero en 2020/2021 arrasó 6.681 hectáreas con un costo operativo de más de U$S 6,7 millones; Los Manzanos en 2023/2024 quemó 12.389 hectáreas de bosque nativo; y Confluencia en 2024/2025 afectó 166 viviendas y 3.890 hectáreas con pérdidas cercanas al millón de dólares. En total, en ese período ardieron más de 105.000 hectáreas de monte en la zona Andina.

Con el financiamiento del BID, se ampliarán las tres centrales del SPLIF en Bariloche, El Bolsón y General Conesa con centros de capacitación, talleres, módulos de logística y helipuntos. Se incorporarán vehículos 4×4 con cisterna, motobombas, maquinaria para reducción de combustible vegetal, cámaras de detección, conectividad satelital y estaciones meteorológicas. También se prevé capacitación especializada en sistemas de alerta temprana y prevención de incendios de comportamiento extremo, con intercambio de experiencias con los equipos GRAF de España.

Para la Región Sur y precordillera, donde la sequía y las nevadas extraordinarias golpean año tras año a los productores ganaderos, el proyecto incorpora perforadoras, bombas solares, reservorios, maquinaria y vehículos para llegar a los parajes más alejados y garantizar el acceso al agua. A esto se suman herramientas financieras articuladas con el CFI, organismos nacionales y entidades bancarias para que los productores puedan invertir con mayor previsibilidad.

El tercer eje apunta al sector frutícola, que acumuló 29 eventos de granizo entre 2010 y 2026. La respuesta incluye asistencia financiera para incorporar malla antigranizo en 40 establecimientos productivos de los valles irrigados, con un máximo de 10 hectáreas por explotación y una cobertura total de 400 hectáreas. Una inversión que protege la fruta, estabiliza la producción y cuida la economía de las familias que viven de ella.

La semana pasada concluyeron las consultas públicas del proyecto en distintas localidades de la provincia, instancia participativa requerida para avanzar con su evaluación integral ante el BID.

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