El intendente Walter Cortés promulgó la ordenanza que prorroga por 180 días hábiles el régimen de regularización dominial de terrenos municipales. La medida beneficia a unas 3.000 familias que ocupan lotes sociales pero no completaron los pagos ni tienen la documentación correspondiente.

Miles de familias barilochenses que viven en lotes sociales otorgados por el municipio pero carecen de la documentación por falta de pago tendrán una nueva oportunidad para regularizar su situación. El intendente Walter Cortés promulgó esta semana la ordenanza 3598/26, que extiende por 180 días hábiles la moratoria implementada el año pasado.

La vicepresidenta del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, Mariela Guerra, explicó que ‘la moratoria beneficia a todos los lotes sociales que fueron entregados por la Municipalidad’. Durante la primera etapa del programa, más de 300 familias lograron pagar sus lotes y obtener la documentación, incluyendo casos de personas con deudas en australes.

El costo de la regularización es accesible: el mínimo establecido es de mil módulos fiscales, equivalente a 373.000 pesos, mientras que el máximo no supera el millón de pesos. ‘El objetivo es que se acerquen al Instituto a regularizar con la documentación que tengan’, señaló Guerra. Además, quienes adhieran podrán gestionar la escritura de su terreno por aproximadamente 400 mil pesos, valores considerados sociales ya que en el mercado inmobiliario superan ampliamente esos montos.

La funcionaria estimó que existen unos 3.000 lotes sociales pendientes de regularización en la ciudad. Solo en los barrios 29 de Septiembre hay 413 lotes para regularizar, mientras que en el Alun Ruca, ubicado en la zona del San Francisco IV, hay otros 450 terrenos en la misma situación. Durante la primera etapa de la moratoria, que también se extendió por 180 días hábiles, se logró regularizar alrededor del 10% de los casos.

La moratoria también incluyó barrios del IPPV con deuda, tratándose de casas municipales dentro de los planes de vivienda del organismo provincial. Guerra destacó que al regularizar su situación, las familias podrán acceder a servicios que actualmente no tienen disponibles.

Según la ordenanza sancionada por el Concejo Municipal, podrán acogerse al régimen quienes cumplan ciertos requisitos: la ocupación efectiva del lote debe ser previa al 1 de abril de 2020; los ocupantes no deben haber sido adjudicados mediante ordenanza, aunque el inmueble debe haber sido declarado de interés social; y los beneficiarios deben estar inscriptos en el registro de demandantes, no poseer propiedades a su nombre ni de su cónyuge o conviviente, ni haber sido adjudicatarios de otras operatorias del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda o del IPPV.