Una legisladora del PRO presentó un proyecto de ley para que la provincia adhiera a un esquema nacional de detección y bloqueo de teléfonos en establecimientos penitenciarios. La iniciativa apunta a cortar las comunicaciones ilegales desde los penales sin necesidad de incautar los dispositivos. El objetivo es reducir delitos como estafas, extorsiones y amenazas coordinadas desde prisión.

La legisladora provincial Martina Lacour, del bloque PRO, presentó ante la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que propone la adhesión de la provincia a un programa federal de seguridad destinado a identificar y bloquear teléfonos celulares en uso dentro de establecimientos penitenciarios.

La iniciativa se enmarca en un esquema nacional ya existente y busca incorporar a Río Negro a un sistema que permite detectar dispositivos activos en zonas restringidas sin necesidad de localizar físicamente el aparato ni proceder a su secuestro. El mecanismo funciona mediante equipos fijos instalados en las áreas sensibles de los penales, que identifican automáticamente los identificadores de los celulares en funcionamiento y reportan esa información para proceder al bloqueo definitivo de los mismos.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que el sistema no afectaría las comunicaciones autorizadas de los internos. Según los fundamentos de la propuesta, la medida contempla la preservación del derecho a las comunicaciones que los reclusos tienen reconocido dentro del marco legal vigente, apuntando exclusivamente a los dispositivos utilizados de manera no autorizada.

En los fundamentos del proyecto, Lacour señaló que la medida busca atenuar los riesgos de seguridad pública asociados al uso de teléfonos celulares ilegales dentro de las prisiones, un problema que en los últimos años ha sido vinculado a la coordinación de estafas, extorsiones y amenazas perpetradas desde el interior de los establecimientos carcelarios.

El texto completo del proyecto puede consultarse en el sitio oficial del sistema de gestión legislativa de Río Negro, donde se detallan los fundamentos técnicos y legales de la iniciativa. La propuesta deberá ahora seguir su curso parlamentario en la Legislatura provincial para ser debatida y eventualmente aprobada.