La provincia trabaja en un Protocolo de Actuación y un Código Procesal Penal Adolescente para adaptarse a la nueva ley nacional aprobada en febrero. Las iniciativas buscan garantizar intervenciones especializadas y respetuosas de los derechos de los jóvenes de entre 14 y 18 años involucrados en procesos penales.
En febrero de este año, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N.º 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y reemplaza al anterior sistema regulado por la Ley N.º 22.278 y sus modificatorias. La nueva normativa representa un cambio de paradigma en la forma en que el Estado aborda la responsabilidad penal de los adolescentes, y su puesta en marcha exige que tanto los organismos nacionales como los provinciales adecuen sus estructuras, capaciten a sus equipos y definan mecanismos de coordinación para traducir sus principios en acciones concretas.
En ese marco, el Gobierno de Río Negro avanza en dos líneas de trabajo orientadas a adaptar el abordaje provincial de la justicia penal adolescente al nuevo escenario normativo. La primera consiste en la elaboración de un Protocolo de Actuación en Materia Penal Adolescente, una herramienta que busca fijar criterios comunes de intervención para los distintos actores del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia.
Este protocolo está pensado para orientar las actuaciones en todos los procesos penales que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años. Entre los principios que lo guían, se destaca el interés superior del niño, concebido no solo como un derecho fundamental, sino también como un principio de interpretación de las normas y como una garantía que debe estar presente en cada decisión administrativa o judicial que afecte a los jóvenes.
La segunda línea de acción apunta a la elaboración de un Código Procesal Penal Adolescente, que contemple las particularidades propias de los procesos judiciales en los que intervienen menores de edad. Esta propuesta busca establecer principios y procedimientos específicos, diferenciados del proceso penal de adultos, reconociendo que la intervención del sistema judicial sobre adolescentes requiere un enfoque especializado y ajustado a sus características.
Ambas iniciativas forman parte de un proceso más amplio de adecuación institucional que permitirá a la provincia contar con instrumentos propios para enfrentar los desafíos que plantea la nueva ley. El objetivo central es que las intervenciones sean especializadas, respetuosas de los derechos y garantías de los adolescentes involucrados, y coherentes con los principios que inspiran el nuevo régimen penal juvenil.
Desde el Gobierno de Río Negro se subrayó que el trabajo en estas herramientas refleja el compromiso de la provincia con la construcción de una justicia penal adolescente que no solo responda a las exigencias legales, sino que también coloque a los jóvenes y sus derechos en el centro de cada decisión.
