La Senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de Ley que prohíbe utilizar el Síndrome de Alienación Parental (SAP), como así también otros diagnósticos mentales o psiquiátricos no nomenclados por los manuales internacionales oficiales, en las pericias judiciales. 

La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, informó que el SAP es un “falso síndrome” de alienación parental que quiere decir que la palabra de los niños y niñas que son víctimas de maltrato y abuso intrafamiliar alinea su discurso con el de un adulto. Asimismo, la relatora especial sobre la violencia hacia las Mujeres de Naciones Unidas hizo público un informe a mediados de mayo de 2023 que contiene conclusiones demoledoras sobre la utilización de esta supuesta patología y las nefastas consecuencias que tiene sobre las mujeres y sus hijos cuando se denuncia violencia de género o violencia sexual hacia los menores por parte del padre.

El informe afirma que muchos hombres violentos utilizan este supuesto síndrome para acusar a las madres de estar interfiriendo en los menores y para instalar la idea en los juzgados de que conceder la custodia a las madres no redunda en el interés superior del menor. El Síndrome de Alienación Parental no está aceptado por la OMS como trastorno mental. Es sólo una estrategia legal en los casos de custodia que tiene consecuencias terribles para los niños.

“A pesar de haber sido refutado por la comunidad científica nacional e internacional, el Síndrome de Alienación Parental se emplea como estrategia para conseguir ante la Justicia una defensa exitosa en casos de abuso sexual intrafamiliar y en disputas por la custodia y el régimen de visitas. Su utilización provoca que no sean tenidas en cuenta las particularidades de cada caso de abuso sexual cometido contra los niños, niñas y adolescentes. Es importante destacar que el empleo de este falso síndrome refuerza asimetrías históricas, invisibiliza y debilita a las verdaderas víctimas vulnerables en nuestra sociedad: las niñas y los niños.”, sostuvo García Larraburu. 

Concluyó: “para que la voz de las niñas, niños y adolescentes sea debidamente tenida en cuenta, resulta clave desmantelar las barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que actualmente inhiben la oportunidad de que sean escuchados y que puedan participar en todos los asuntos que los afecten”.