Los concejales de tres bloques opositores impidieron el ingreso de los nuevos proyectos de ordenanzas fiscal y tarifaria del intendente, alegando que no se cumplió el plazo de seis meses establecido por el reglamento interno tras el rechazo de diciembre. La decisión deja sin herramientas fundamentales al Ejecutivo municipal por al menos tres meses más.

El intendente Walter Cortés (PUL) sufrió un nuevo revés en su intento de aprobar las ordenanzas fiscal y tarifaria cuando los concejales de la oposición frenaron el tratamiento de los proyectos reformulados, invocando el artículo 117 del reglamento interno del Concejo Deliberante.

Los ediles Leandro Costa Brutten (Incluyendo), Facundo Blanco Villalba (Primero RN), Julieta Wallace (Incluyendo) y Roxana Ferreyra (Nos Une) se unieron para hacer valer la norma que establece que no se puede tratar antes de seis meses un proyecto que ya fue rechazado, como ocurrió en diciembre pasado con las ordenanzas que rigen tasas, multas y tributos municipales.

El secretario de Hacienda municipal, Gonzalo Lerra, había explicado que el nuevo proyecto incorporaba ‘todas las consideraciones planteadas en las mesas de trabajo’ e incluía modificaciones sustanciales respecto a los textos rechazados el año anterior. Entre los principales cambios se destacaba el retorno al esquema anterior de módulo fiscal con una fórmula que combina el valor del combustible y los salarios municipales, abandonando la propuesta de establecer una variable basada en el IPC patagónico que fue objetada en diciembre.

El presidente del Deliberante, Gerardo Del Río, defendió la premisa de dar prioridad y tratamiento urgente a las ordenanzas, argumentando su importancia vital para el funcionamiento municipal. Sin embargo, durante la extensa sesión de comisión legislativa de ayer por la tarde, tuvo que desistir de insistir con el ingreso de los proyectos al constatar que no lograba el consenso necesario. ‘Es matemática pura’, asumió Del Río al contabilizar que no tenía ni el respaldo básico ni mucho menos la mayoría especial requerida.

La concejal Roxana Ferreyra fue categórica al remarcar que ‘el intendente no tiene coronita’ y que se trata simplemente de ‘cumplir el reglamento’ equiparando las exigencias para todos por igual. Por su parte, Leandro Costa Brutten advirtió que ‘esta situación violenta la normativa’ y anticipó que el tema ‘va a terminar judicializado’, ya que no se puede argumentar que es otro proyecto cuando mantiene la misma temática y contenido.

En la mesa de trabajo también participaron Juan Pablo Ferrari (JSRN), quien intentó aclarar la discusión jurídica pero concluyó que se requería un consenso inexistente, y Lucas Pérez (Bariloche Suma), quien no intervino en el debate. Incluso el asesor letrado del cuerpo tuvo que participar para dirimir la discusión reglamentaria.

Como consecuencia del rechazo en diciembre, el municipio debió prorrogar los tributos vigentes de 2025, incluyendo el valor del módulo fiscal que Cortés había intentado actualizar por resolución y luego debió retroceder ante las advertencias y denuncias de la concejal Wallace. Con este nuevo freno, el Ejecutivo deberá esperar al menos tres meses más hasta cumplirse el plazo de seis meses establecido por el reglamento interno para poder volver a presentar proyectos sobre esta temática.