El Tribunal Oral Federal N°3 dictó sentencia en la causa del medicamento contaminado que causó cinco muertes y 33 personas con graves secuelas. Las condenas van de 4 a 8 años de prisión, mientras que se estableció una indemnización total de 650 millones de pesos.

Después de más de dos décadas, la justicia federal dictó sentencia en uno de los casos más resonantes de la industria farmacéutica argentina: el del Yectafer adulterado. El veredicto, conocido este martes en los tribunales de Comodoro Py, condenó a cinco personas por la comercialización del medicamento contaminado que provocó cinco muertes y dejó graves secuelas en 33 pacientes entre 2003 y 2004.

Las condenas fueron diferenciadas según el grado de responsabilidad. Pablo Jorge Cernadas recibió la pena más severa con 8 años de prisión, seguido por Miguel Cervera con 5 años. Por su parte, Víctor Julián Scattolini, Adrián Jorge Quintela y Alberto Mario Akawie fueron condenados a 4 años cada uno. En tanto, el tribunal absolvió a Roberto Enrique Gegenschatz, Santiago Lucio Gavazza, Diego Hernán Manzotti y Sandra Vitale, esta última vinculada directamente a la firma fabricante del medicamento adulterado.

El fallo también estableció una reparación económica de 650 millones de pesos, que se distribuirá en montos de 20 millones para cada uno de los damnificados. Sin embargo, para muchas víctimas la sentencia resulta insuficiente tras tanto tiempo de espera.

El caso tuvo particular impacto en Viedma, donde la joven Verónica Díaz perdió la vida en diciembre de 2004 tras recibir una inyección del medicamento para tratar una anemia. María Salaya, otra víctima de la capital rionegrina que estuvo al borde de la muerte, expresó su profunda disconformidad con la resolución: “Ninguna cifra repara el dolor, el sufrimiento ni el daño irreversible que dejaron. Después de tantos años esperando justicia, la sentencia deja un sabor amargo”.

La investigación determinó que el lote adulterado de Yectafer-Hierro 5% fue comercializado con propiedades nocivas que fueron disimuladas mediante la falsificación del producto original. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la seguridad en la industria farmacéutica y los derechos de los pacientes.