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Crisis habitacional: Gobierno recibió a ocupantes de Bariloche, pero no hubo soluciones PDF Imprimir E-Mail
jueves, 19 de junio de 2008

Image(ADN, Viedma)-Un grupo de representantes de los ocupantes de las 120 viviendas  del barrio San Francisco VI de  Bariloche se reunió hoy con el secretario general de la Gobernación, Juan Francisco González, pero no se pudo arribar a ninguna solución, por lo que el desalojo judicial sería inminente.

Los ocupantes barilochenses denunciaron al funcionario provincial varias irregularidades del IPPV y adelantaron que si se concreta el desalojo compulsivo lo “van resistir”.

Al término de la reunión, Sergio Delfino explicó a ADN que “no se encontró ninguna  solución” y que lo que se logró es “solamente poder exponer nuestra razones  y que el IPPV es el culpable de toda esta situación, porque nunca se hicieron las cosas bien”.

“Expusimos varios ejemplos  de corrupción de funcionarios y se comprometieron a estudiarlos los caos, pero no obtuvimos respuestas”, dijo.

En este sentido, describió  que “la Fiscalía de Bariloche cuenta con denuncias  concretas con nombres, testigos y fotografías, sobre funcionarios que tienen hasta tres o cuatro viviendas  en manos de hermanos y parientes. Ahí se consignaron  las múltiples violaciones al reglamento y se describió que una señora de apellido Villagra, que ya tiene vivienda, cambió una casa por un campo de cinco hectáreas”

Afirmó que no sólo se concurrió a la oficina gubernamental de González para solucionar su problema habitacional, sino el de casi 8 mil familias ya que Bariloche está en emergencia habitacional.

Reconoció que ya fueron recibidos por el Concejo  Deliberante, pero no en el IPPV. En este sentido dijo que el Gustavo  Otero “es incompetente  y está puesta en un lugar que no corresponde”.

Describió que  en este momento hay  265 personas, de las cuales 150 son menores, que a él le costó un sumario en su lugar de trabajo y la expulsión del cuerpo de Bomberos,

Opinó que si no hubieran realizado la ocupación nunca se hubieran entregado las viviendas  por listado, sino “a dedo como todo el mundo sabe”.

Admitió que  las casas no están terminadas y recordó que el plazo de obra era de 420 días  y la licitación está desde el año 2004, por eso entendió que  la empresa no cumplió y “no creemos que la empresa haya pagado multa por la demora”.

“No hay nadie que controle la obra, porque las viviendas están construidas con materiales de baja calidad, usados, con plateas deficientes que ya están quebradas antes de usar, finalizó Delfino. (ADN)

 

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