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La delincuencia no se combate con chicanas PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 23 de febrero de 2005
 Así lo afirmó Javier Iud, presidente del Bloque Justicialista, en referencia a las inoportunas  declaraciones tanto del Ministro Lázzeri y como del Secretario de Seguridad.

 Aseveró que “estos funcionarios siguen desconociendo el grave problema de seguridad que vive la provincia de Río Negro  y en particular la zona andina.”

 Dijo Iud, que, “en lugar de enfrentar el problema y buscar la manera de resolverlo, salen a atacar y agraviar a quienes desde la oposición, en este caso,  denunciajos la gran cantidad de hechos sin resolución que  preocupan a la sociedad.

 Por caso, la muerte del policía en El Bolsón a manos de  agentes policiales, cuya primera etapa investigativa de identificción de los autores fue resuelta favorablemente por el magistrado y por la propia Policía”, resaltó. “Pero falta la segunda etapa, que es saber que hace el Gobierno provincial para evitar que se vuelvan a repetir hechos de similares características y sobre esta cuestión versa el pedido de informes elevado por el Bloque Justicialista”, sostuvo el legislador Javier Iud

Pedido de informes por contrataciones de ampliación o  refacción de unidades carcelarias

 

 En el mismo sentido y en relación a la política de seguridad que se lleva adelante en Río Negro, el Bloque Justicialista elabora un pedido de informes al Ministerio de Gobierno en relación a la ley 3877, que declaró la emergencia del Sistema Penitenciario Provincial, habilitando a la provincia a contratar en forma directa la construcción de cárceles y que fuera promulgada en octubre pasado.

 Reclamó Iud que, “sería bueno que tanto Lázzeri como García Osella expliquen que contrataciones  se han efectuado en forma directa tendiente a la ampliación, refacción y remodelación de las unidades carcelarias de la provincia y remitan la información sobre los contratos celebrados en relación a las obras concretadas en las alcaldías de General Roca, San Carlos de Bariloche, Choele Choel y Viedma.”

También sería oportuno conocer, precisa el pedido de informes, cuales fueron los traslados ordenados de los internos condenados en la Alcaldía de General Roca, para atender a la realización de las obras allí previstas y que información existe respecto de las actas de las reuniones de la comisión de seguimiento de las obras de construcción proyectadas, conforme lo dispone el art. 9 de la ley 3877.

“Han transcurrido casi cinco meses desde que se promulgó la ley y al no ver habido ningún tipo de avances, el tiempo nos está dando la razón cuando afirmábajos que esta norma a lo único que tendía, no era a solucionar el grave problema en las cárceles rionegrinas, sino  a tener un mecanismo de contratación directa que permita, entre otras cosas, a contratar a algún amigo del gobierno”, afirmó Javier Iud, titular de la bancada justicialista.

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