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2020

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La (no) política pública de tierras de Juntos Somos Río Negro PDF Imprimir E-Mail
lunes, 14 de septiembre de 2020
Image El bloque de concejales del Frente de Todos Bariloche manifiesta su preocupación por las expresiones de la gobernadora Arabela Carreras y Juntos Somos Río Negro, en contra del reciente fallo del juez Zapata que ordenó medidas preventivas en cuidado y resguardo de la vida de 130 familias.

Las ocupaciones en la provincia son consecuencia inmediata de la ausencia de lineamientos políticos de Juntos Somos Río Negro en relación al derecho a la vivienda digna y acceso a la tierra. La falta de un ordenamiento territorial provincial sigue siendo una deuda pendiente. Esta situación pudo comprobarse en las investigaciones realizadas por la Comisión Investigadora de Tierras Fiscales que funcionó en la Legislatura rionegrina durante los años 2011-2015, que recibió más de 140 denuncias en relación a la entrega fraudulenta de la tierra pública, en tanto recurso estratégico no renovable. El (des)manejo de la tierra y falta de política pública planificada, es el proyecto político que impulsa y defiende Juntos Somos Río Negro.

Para muestra, alcanza un botón. La ley 5010 del año 2014 establece la restitución al Estado provincial de 32 hectáreas ubicadas en El Bolsón, que deben otorgarse a la municipalidad de esa ciudad, con destino a viviendas sociales. La Provincia no hizo nada. Tampoco hizo nada para cumplir la Ley 4874 del año 2013, que restituye 24.638 hectáreas al Estado provincial.

Sin decir nada de ello, legisladores de Juntos Somos Río Negro y la propia gobernadora se manifiestan públicamente criminalizando las ocupaciones, sin hacerse cargo que es responsabilidad de ellos la situación actual de desorden territorial, a lo largo y ancho de la Provincia. Tampoco cuentan dependencias públicas como la Dirección de Tierras –que depende del Ministro de Gobierno-, encargada de aplicar la política pública de las tierras fiscales, y que funciona, como hace 50 años, con escaso presupuesto.

Ante la ausencia y des manejo deliberado de la tierra pública en la Provincia de Río Negro, aparece la confusión y oportunismo político de quienes tienen la responsabilidad institucional que el pueblo les encomendó de solucionar la problemática. El Estado provincial está ausente y no implementa medidas concretas fundadas en un pensamiento estratégico. Prefiere sacar titulares en los diarios denostando al juez Zapata, que con una perspectiva de derechos, y advirtiendo la deficitaria política estatal en materia habitacional, desnudó la no política de Juntos Somos Río Negro.

Pedimos máxima responsabilidad a las autoridades provinciales y municipales, y respeto por el fallo judicial que deberían acatar sin más, ponerse a trabajar y cumplir con la función que el pueblo le ha encomendado debería ser su principal objetivo.

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