El juicio contra la exintendente María Eugenia Martini entró en su fase final tras cinco audiencias. Los peritos demostraron que se certificaron obras del programa Techo Digno con sobrevaluaciones de hasta el 45%, causando un perjuicio actualizado que supera los 2.000 millones de pesos.
El tribunal que juzga a la exintendente peronista María Eugenia Martini y al exinspector municipal Alfredo Milano por presunta administración fraudulenta se encuentra analizando las pruebas clave del caso, centradas en las certificaciones irregulares del programa Techo Digno entre 2013 y 2015.
El ingeniero Eric Badé, testigo fundamental de la jornada del miércoles, presentó un estudio comparativo entre las certificaciones emitidas por el municipio durante la gestión Martini y los relevamientos posteriores realizados por el IPPV. Su análisis reveló que en todos los casos hubo certificaciones excedidas, con diferencias que variaron entre un 6,85% y un 45,07% respecto al avance real de las obras.
Entre los casos más graves detectados se encuentra la certificación del 100% de mampostería en la licitación 1, cuando solo se había colocado tabiques secos en 35 de las 95 viviendas. En la licitación 3, se certificaron trabajos de pintura completados al 100% pese a que ninguna vivienda estaba pintada.
El perito contador Ignacio Chiarenza detalló que los pagos excesivos realizados a las empresas Oriente y Alusa, actualizados a abril de 2024, superan los 2.000 millones de pesos. Además, confirmó que hubo fondos del programa Techo Digno que no fueron aplicados a las obras y se destinaron a otros gastos, como el pago de proveedores.
La abogada del Ministerio del Interior y Obras Públicas de Nación, Elena del Potro, informó que existe un juicio contencioso administrativo iniciado en 2022 para que el municipio restituya los fondos no aplicados ni rendidos del programa.
El exsubsecretario de Hacienda municipal Horacio Brucellaria defendió el uso temporal de fondos específicos para otros gastos, argumentando que es una práctica habitual si se compensa dentro del ejercicio económico.
El fiscal Martín Lozada considera que las pruebas demuestran una práctica sistemática de sobrevaluación para favorecer a las empresas contratistas. El juicio, que se desarrolla ante el tribunal integrado por Romina Martini, Marcos Burgos y Víctor Gangarrosa, continuará este jueves con los últimos testigos y posiblemente las declaraciones de los imputados. Los alegatos están programados para el viernes.
