Los legisladores Lucas Pica y Facundo López presentaron un proyecto que elimina los beneficios carcelarios para condenados por delitos graves en la provincia. La iniciativa busca que cumplan la totalidad de sus condenas sin posibilidad de libertad anticipada, en línea con la política de “centralidad a la víctima” del gobierno de Weretilneck.

Los legisladores provinciales Lucas Pica y Facundo López presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley S 3008, que regula la ejecución penal en Río Negro. La iniciativa propone restringir los beneficios carcelarios, como las salidas transitorias y la libertad condicional, para personas condenadas por delitos graves.

En declaraciones a Radio Noticias, Pica explicó que la medida se enmarca en “un posicionamiento muy firme del gobernador Alberto Weretilneck y nuestro partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), dándole centralidad a la víctima, no ya a la delincuencia como lo venía haciendo el garantismo penal en Argentina”.

El legislador destacó que se está terminando con la “puerta giratoria” para delincuentes reincidentes, y que “los fiscales están pudiendo pedir la prisión preventiva y se avanzó en modificaciones al código para establecer la doble condena”. Esto permite que delincuentes con condena ratificatoria en segunda instancia permanezcan presos mientras esperan resoluciones superiores.

La propuesta establece que los condenados por delitos taxativamente detallados deberán cumplir la totalidad de sus penas. Entre estos delitos se incluyen: homicidio simple y agravado (artículos 79 y 80 del Código Penal), delitos contra la integridad sexual, robo agravado, homicidio en ocasión de robo, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo con muerte de la víctima.

Respecto a la decisión del Congreso nacional de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, Pica opinó que “a título personal me parece razonable, ya que varias naciones del mundo tienen la edad de imputabilidad en ese rango etario”. Sin embargo, señaló la necesidad de que el Estado nacional acompañe a las provincias con inversiones en infraestructura para que los menores imputables no compartan instalaciones penitenciarias con adultos.

Con esta iniciativa, los legisladores buscan fortalecer el sistema de justicia penal en Río Negro, priorizando la protección a las víctimas y un endurecimiento en el cumplimiento de las penas. El proyecto forma parte de una serie de medidas que también se evalúan a nivel nacional para fortalecer el rol de la víctima en el sistema judicial.