La tercera audiencia del proceso judicial contra la exintendenta no aportó elementos que fortalezcan la acusación fiscal. El exconcejal Alejandro Ramos Mejía defendió la gestión y negó irregularidades en el programa habitacional.

Una nueva jornada del juicio oral que enfrenta la exintendenta María Eugenia Martini por la causa Techo Digno transcurrió sin testimonios que comprometan su situación procesal. Los cuatro declarantes de ayer no ofrecieron datos concluyentes para respaldar la acusación fiscal, que sostiene que el municipio certificó y pagó irregularmente varias obras del programa habitacional.

El testimonio más destacado fue el del exconcejal y exlegislador Alejandro Ramos Mejía, quien integró la misma lista electoral que Martini. El actual referente del Frente Renovador aseguró que no le constaba “ninguna irregularidad” imputable a la exintendenta y recordó que durante 2013-2015 el municipio atravesaba una grave situación económica. “Todas las gestiones” utilizaron fondos específicos para pagar sueldos municipales cuando era necesario, práctica permitida por la ordenanza de contabilidad, explicó.

Ramos Mejía destacó que durante la gestión de Martini “los bloques opositores en el Concejo ejercían una fiscalización continua y muy severa de las cuentas públicas” y que cualquier irregularidad habría sido denunciada. Ante las consultas del fiscal Martín Lozada sobre las sobrecertificaciones de obras -punto central del proceso-, el testigo se excusó de dar precisiones y argumentó la imposibilidad de que un intendente controle todo en un municipio de las dimensiones de Bariloche.

También declararon los arquitectos Osvaldo Paván, Norberto Ortiz Elguea y Adrián Sartor, quienes inspeccionaron los proyectos de Techo Digno por encargo del IPPV en 2016. Los tres profesionales elogiaron el trabajo del coimputado Alfredo Milano, exinspector municipal de obras, y dijeron desconocer qué ocurrió con las certificaciones municipales cuestionadas por la fiscalía.

Martini y Milano están acusados de defraudación por certificar 825 viviendas por encima de lo construido por las empresas Alusa y Oriente, habilitando pagos irregulares con fondos nacionales. La exintendenta también enfrenta cargos por peculado, por desviar parte de esos recursos para crear plazos fijos municipales. El juicio continuará hoy con nuevos testimonios, incluido el del diputado nacional Miguel Pichetto.