De las más de 20 millones de hectáreas de tierras fiscales en la provincia, casi el 20% todavía no cuenta con título de propiedad definitivo. La zona andina, incluyendo Bariloche, está entre las áreas con mayor cantidad de tierras sin mensurar, lo que dificulta avanzar en el proceso de escrituración.
Un proyecto ingresado en la Legislatura de Río Negro volvió a poner sobre la mesa un debate histórico en la región: de las 20.301.300 hectáreas de tierras fiscales que tiene la provincia, alrededor de 4 millones de hectáreas están ocupadas y sin regularizar. Esto representa aproximadamente el 19,7% del territorio que no cuenta con un título de propiedad definitivo.
El dato fue confirmado a Diario RÍO NEGRO por Diego Lawrie, director de Tierras de Río Negro, y por fuentes del Sistema Provincial de Catastro. Dentro de ese universo, 2.368.100 hectáreas todavía no cuentan con mensura, uno de los requisitos clave para avanzar hacia la titularización.
Lawrie explicó que ‘la provincia cuenta con una política sostenida de regularización de tierras fiscales, enmarcada en la Ley 5705’, sancionada en diciembre de 2023, que reemplazó el antiguo régimen y unificó normas dispersas. La norma declara de orden público el régimen de tierras fiscales y establece que la tierra es ‘un instrumento de producción’, con función social y orientada al desarrollo territorial.
Según un mapa elaborado a partir del Sistema Provincial de Catastro, los departamentos de 9 de Julio, Valcheta, Avellaneda, el sur del Cuy, norte de Pilcaniyeu, Bariloche y Ñorquinco concentran la mayor cantidad de tierras fiscales sin mensurar. Las mayores concentraciones se encuentran en la Meseta de Somuncurá, Colonia Trapal Co, Colonia El Cuy y el Bajo de Santa Rosa.
Desde el área de Catastro explicaron que ‘las condiciones geográficas, la dispersión de los predios y las dificultades de acceso complejizan las tareas técnicas y logísticas necesarias para avanzar con las mensuras’. En total, aproximadamente 23.681,47 km² permanecen sin mensura, lo que equivale a cerca del 11,7% del territorio rionegrino.
La Ley 5705 establece tres grandes regímenes: tierras rurales, tierras urbanas y regularización de ocupaciones existentes. Para ocupantes con más de diez años de tenencia pacífica pero sin mensura, la norma habilita a la autoridad de aplicación a otorgar una ‘prórroga de ocupación’ por un año, renovable por otro más, mientras se completa ese trámite técnico.
Lawrie sostuvo que ‘la Dirección de Tierras está en permanente contacto con la gente y atendiendo sus demandas’, aunque reconoció dificultades económicas: ‘muchos pobladores deben comprarle la tierra al Estado para regularizar su situación dominial, y con la situación actual eso se complica’.
La ley vigente establece que quienes ocupan tierras fiscales pueden solicitar la adjudicación en venta si cumplen ciertos requisitos: ocupación pública y pacífica, que no afecte derechos de terceros, acreditar al menos diez años de tenencia, domicilio en el predio o en la provincia, y uso racional del inmueble. El precio de venta no puede ser inferior a la valuación fiscal del inmueble, con un anticipo mínimo del 10% y el saldo en cuotas de hasta diez años.
En paralelo, legisladores del bloque PJ-Nuevo Encuentro (Leandro García, Alejandra Mas, Daniel Belloso y Luis Ivancich) presentaron un proyecto para crear el Fondo Arraigo. La iniciativa propone subsidiar o financiar trámites de mensura, deslinde y amojonamiento para adjudicatarios y permisionarios de tierras fiscales que no puedan afrontar esos costos.
Según los fundamentos del proyecto, el costo de una mensura en la Región Sur para predios menores a 3.000 hectáreas puede superar los 4,2 millones de pesos, mientras que en zonas de mayor valor, como el área andina o valles irrigados, los montos se incrementan notablemente. Para financiar el fondo, el proyecto plantea crear un adicional sobre el impuesto inmobiliario para propiedades ubicadas en las escalas más altas de valuación fiscal, con recargos mayores en inmuebles ociosos y grandes superficies rurales.
