La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó una denuncia ante la Procuración de Investigaciones Administrativas para anular el convenio entre el Estado nacional y Hidden Lake S.A. que cerró la causa judicial por las tierras del Lago Escondido. Cuestionó que el acuerdo se firmó en condiciones irregulares y contradice la posición que el propio Estado sostenía en 2023.

El acuerdo conciliatorio firmado entre el Estado nacional y la empresa Hidden Lake S.A., vinculada al empresario británico Joe Lewis, enfrenta ahora un pedido de nulidad. La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó una denuncia ante la Procuración de Investigaciones Administrativas de la Nación solicitando que se investigue la actuación de los funcionarios del Ministerio del Interior durante el proceso que derivó en el cierre del expediente judicial.

El convenio puso fin a la causa que cuestionaba la venta de las tierras que rodean el Lago Escondido, pero según Odarda representa un cambio radical respecto de la postura que había mantenido el propio Estado nacional apenas un año atrás. En 2023, el Ministerio del Interior había considerado que la operación de venta de esas tierras estaba alcanzada por una ‘nulidad absoluta e insanable’. Sin embargo, la actual gestión desistió del reclamo judicial y acordó con la firma de Lewis.

La legisladora cuestionó las condiciones en que se concretó el acuerdo, señalando que fue firmado durante la feria judicial, bajo un expediente reservado y con escasa difusión pública. Para Odarda, el cierre anticipado de la causa impidió que la Justicia se pronunciara sobre el fondo del conflicto relacionado con el acceso y el dominio de las tierras que rodean el lago.

En su presentación, la dirigente provincial también incorporó cuestionamientos sobre el uso del agua pública del Río Escondido para el emprendimiento hidroeléctrico de Hidden Lake S.A. Según indicó, durante al menos 14 años la empresa habría utilizado ese recurso sin cumplir con las obras obligatorias establecidas por ley en 2010 y modificadas posteriormente en 2019. Consideró que la propuesta de ejecutar ahora esas obras como parte del acuerdo constituye una maniobra para lograr que el Estado abandone el litigio judicial.

Odarda rechazó además la versión de que la empresa de Lewis sea la encargada del abastecimiento eléctrico en localidades de la Comarca Andina. Remarcó que en Río Negro opera la distribuidora EDERSA y que también existen cooperativas y otras prestadoras en la provincia de Chubut, refutando así uno de los argumentos esgrimidos para justificar el acuerdo.

Otro punto central del cuestionamiento es que, con la homologación del convenio, Hidden Lake S.A. mantiene el control de unas 12 mil hectáreas y continúa restringiendo el acceso al Lago Escondido. Mientras tanto, el costo asumido por la empresa sería únicamente el pago de la tasa de justicia fijada en el expediente, un monto que la legisladora calificó como ‘meramente simbólico’.

Finalmente, Odarda solicitó que se investigue la posible comisión de delitos y que se impulsen acciones para declarar la nulidad absoluta tanto del acuerdo conciliatorio como de la sentencia judicial que lo homologó. ‘El Estado no puede renunciar a defender el interés público’, afirmó la legisladora, en lo que representa un nuevo capítulo del conflicto por el acceso al Lago Escondido que lleva años sin resolución.