La Fiscalía de Investigaciones Administrativas desestimó la presentación del legislador peronista Luciano Delgado Sempé que cuestionaba la operación realizada por el gobierno de Weretilneck. La fiscal Dolores Cardell concluyó que no hubo irregularidades y cuestionó duramente la ‘liviandad’ de la denuncia.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) archivó la denuncia presentada en enero pasado por el legislador peronista Luciano Delgado Sempé contra la venta del avión oficial de la Provincia de Río Negro, al concluir que no existieron irregularidades en la operación concretada por el gobierno de Alberto Weretilneck durante 2024.

La denuncia cuestionaba que la aeronave se hubiera vendido en 2,6 millones de dólares cuando dos años antes, durante la gestión de Arabela Carreras, se había adquirido por 4,2 millones. También objetaba que parte del pago se pactara en especie mediante vuelos sanitarios y que el valor asignado a las horas de vuelo fuera excesivo.

En su resolución de 16 páginas, la fiscal Dolores Cardell desestimó todos los cuestionamientos sobre el precio de venta del Cessna Citation V Ultra 560, modelo 1994, y el mecanismo de pago acordado con la empresa Aerovida. La funcionaria fue contundente al criticar la presentación del legislador, afirmando que incurrió en una ‘práctica conocida como excursión de pesca’ por su ‘generalidad’, y remarcó que Delgado Sempé omitió identificar las fuentes utilizadas para determinar el supuesto valor de mercado.

Cardell aludió incluso a la ‘liviandad con la que se aventura a realizar semejante denuncia en forma genérica y sin un adecuado respaldo’. Al analizar el expediente, la fiscal destacó que el Ejecutivo decidió desprenderse del avión tras concluir que resultaba ‘antieconómico’ mantenerlo dentro del patrimonio estatal, una evaluación que contó con informes de diversos organismos como el SIARME, el Ipross, Salud, la Secretaría General, Horizonte, Río Negro Fiduciaria, el CFI, Obras Públicas y un dictamen técnico del ingeniero aeronáutico Javier Kornisiuk.

Respecto de la licitación, la fiscal sostuvo que la normativa vigente no obliga a adjudicar la oferta al mejor precio, sino aquella que resulte ‘más conveniente o más ventajosa’. Agregó que cuando la contratación comprende servicios altamente especializados, corresponde priorizar la idoneidad y la calidad de la prestación ofrecida.

La resolución consignó además un relevamiento del auditor sobre ocho aeronaves similares, fabricadas entre 1994 y 1999 y ofrecidas en sitios especializados. El estudio arrojó un valor medio de 2.022.250 dólares, parámetro que respalda el monto base fijado por la Provincia. Para evaluar la venta, se tomó como referencia la tasación realizada por la Universidad Nacional de La Plata, que fijó un valor de mercado de 2.320.290 dólares.

La fiscal afirmó que la documentación remitida por el Ejecutivo y el ‘pormenorizado análisis’ realizado por el auditor de la FIA ‘echan definitivamente por tierra las ligeras y genéricas acusaciones’ formuladas por el legislador. Finalmente, Cardell resolvió archivar las actuaciones al concluir que no se acreditó ‘la configuración de un daño fiscal ni la inobservancia de normas o procedimientos que regulen la administración y disposición de los bienes del Estado’.

La resolución también dedicó un apartado al valor asignado a los vuelos sanitarios incluidos como parte del pago. A partir del cruce con antecedentes de contrataciones del Ipross y del Ministerio de Salud, concluyó que tanto el precio por kilómetro de vuelo como la modalidad de compensación resultan razonables y se encuentran debidamente fundados.

Cabe recordar que la compra del avión durante la gestión anterior tuvo un desenlace muy distinto. Los exfuncionarios que intervinieron en aquella licitación -el exsecretario General de la Gobernación José María Apud, el exsecretario de Administración Gonzalo Regueira y el exdirector de Aeronáutica José Scheverin- fueron imputados penalmente. En 2023, el Tribunal de Cuentas multó a los tres partícipes por irregularidades administrativas, con sanciones pecuniarias que sumaron un millón y medio de pesos, las cuales fueron abonadas inmediatamente.