Un informe de la UBA reveló que el presupuesto educativo nacional se redujo casi 50% en dos años, mientras las provincias asumen mayor responsabilidad. Río Negro destina 2,8 millones de pesos por alumno y el 26% de su presupuesto a educación, ubicándose por encima del promedio nacional.

Mientras las pruebas Aprender 2025 mostraron una recuperación en los aprendizajes de Lengua y Matemática, un nuevo informe de especialistas de la Universidad de Buenos Aires advierte que el futuro de esa mejora dependerá de cómo se financie la educación argentina en los próximos años, en un contexto de creciente reducción del gasto nacional.

El documento elaborado por el Área de Financiamiento de la Educación del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA/Conicet) plantea que el sistema educativo atraviesa un momento de redefinición, marcado por la disminución del aporte nacional y una mayor responsabilidad de las provincias para sostener escuelas, docentes y políticas educativas.

Los investigadores recordaron que Argentina cuenta con un sistema altamente descentralizado, donde los gobiernos provinciales afrontan cerca de tres cuartas partes del gasto total en educación, mientras que la Nación financia el resto mediante programas, infraestructura, universidades, becas y transferencias específicas. Ese esquema funciona mientras existe un acompañamiento nacional capaz de compensar las diferencias entre jurisdicciones, pero cuando ese aporte disminuye, las desigualdades fiscales entre provincias comienzan a reflejarse con mayor fuerza en el sistema educativo.

Según el informe, existen importantes disparidades en el gasto por estudiante y en la capacidad que tiene cada provincia para destinar recursos a educación. En consecuencia, la calidad de la infraestructura escolar, las posibilidades de incorporar tecnología, la formación docente o el sostenimiento de programas educativos pueden variar considerablemente según el lugar donde estudian los alumnos.

Aunque el informe pone el foco en el futuro del financiamiento educativo a nivel nacional, los datos muestran que Río Negro se ubica entre las provincias que más recursos destinan por alumno de gestión estatal. La provincia patagónica invierte aproximadamente 2,8 millones de pesos por alumno y asigna alrededor del 26% del gasto público provincial al sistema educativo, posicionándose por encima del promedio nacional. Neuquén encabeza el ranking del país, con un gasto cercano a los 6 millones de pesos por estudiante y destinando cerca del 30% de su presupuesto provincial a educación.

Sin embargo, los especialistas advierten que esos datos no pueden analizarse de manera aislada. El mayor gasto por estudiante no implica, por sí mismo, una mejor calidad educativa. En provincias patagónicas como Río Negro, esa inversión responde en parte a características estructurales, como una menor cantidad de alumnos, escuelas distribuidas en zonas rurales, grandes distancias entre localidades y mayores costos para sostener el funcionamiento del sistema.

Por eso, los investigadores proponen analizar el gasto por alumno junto con otros factores, como el esfuerzo presupuestario de cada provincia, las condiciones socioeconómicas y los resultados de aprendizaje. Sostienen que la discusión no debería concentrarse únicamente en cuánto dinero destina el Estado a la educación, sino ampliar el debate hacia la forma en que se distribuyen los recursos, los mecanismos para reducir las desigualdades territoriales, la coordinación entre Nación y provincias y la eficiencia con la que se ejecuta el presupuesto.

El documento también vincula de manera directa la estabilidad del financiamiento con la posibilidad de sostener políticas educativas de largo plazo. Programas de alfabetización, mejoras en infraestructura, capacitación docente, becas estudiantiles o incorporación de tecnología requieren continuidad presupuestaria para producir resultados sostenidos. Por eso, las decisiones sobre financiamiento no solo impactan en las cuentas públicas, sino también en las oportunidades de aprendizaje de millones de estudiantes.

El trabajo concluye que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la garantía del derecho a la educación. En un contexto en el que las provincias concentran cada vez más responsabilidades y persisten fuertes diferencias económicas entre jurisdicciones, los especialistas consideran que el debate sobre el financiamiento educativo volverá a ocupar un lugar central en la agenda pública. La discusión de fondo, sostienen, es cómo asegurar que todos los estudiantes, independientemente del lugar donde vivan, tengan acceso a una educación de calidad y con oportunidades similares.