El bloque legislativo del PRO de Río Negro impulsó un proyecto para que la Provincia gestione ante Nación el bloqueo de celulares en las cárceles rionegrinas, con el fin de evitar que los presos utilicen esos dispositivos para coordinar delitos. La iniciativa toma como marco la Resolución 734/2026 del ENACOM, que habilita ese mecanismo a pedido de las jurisdicciones provinciales.

El PRO de Río Negro presentó un proyecto de comunicación para que el Gobierno provincial requiera formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación la aplicación de un sistema de detección y bloqueo de celulares en las unidades penitenciarias rionegrinas. La iniciativa fue impulsada por el legislador Juan Martin, con el acompañamiento de María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo.

El proyecto propone que Río Negro se acoja al mecanismo habilitado por la Resolución 734/2026 del ENACOM, normativa que permite extender a los establecimientos penitenciarios provinciales el procedimiento de detección y bloqueo de identificadores IMEI e IMSI de dispositivos móviles, a pedido de cada jurisdicción. Además de gestionar el sistema ante Nación, la propuesta plantea que la Provincia adopte las medidas tecnológicas necesarias para su efectiva implementación.

El detonante concreto de la iniciativa fue una investigación iniciada en julio por una millonaria estafa telefónica cometida contra un jubilado de 72 años. En el marco de ese caso judicial se detectó que la organización criminal también operaba desde una celda del Complejo de Ejecución Penal N°1 de Viedma, donde fueron secuestrados seis teléfonos celulares, varios de ellos con tecnología 5G. El hallazgo encendió las alarmas sobre la capacidad de los reclusos para coordinar delitos desde el interior de los penales.

El legislador Juan Martin fue contundente al respecto: ‘No debería permitirse que desde una celda se planifiquen estafas, se coordinen organizaciones criminales o se cometan otros delitos cuando existen herramientas para bloquear las comunicaciones’. Desde el bloque subrayaron que la discusión no se limita al uso de teléfonos dentro de los penales, sino que apunta específicamente a la posibilidad de que esos dispositivos sean utilizados para coordinar actividades delictivas hacia el exterior.

Esta no es la primera vez que el PRO rionegrino aborda la problemática. En 2025, el bloque había presentado el Proyecto de Ley N°429/2025, que proponía instalar inhibidores de señal en los establecimientos del Sistema Penitenciario Provincial, prohibir el acceso de celulares y otros medios digitales a las personas detenidas, e incorporar teléfonos públicos para garantizar el derecho a las comunicaciones. Sin embargo, ese proyecto nunca llegó a ser tratado en las comisiones de origen.

Durante 2026 también se presentó el Proyecto de Ley N°573/2026, que propone establecer expresamente que la privación de libertad comprende tanto la restricción física como la digital. Esta segunda iniciativa tampoco tuvo tratamiento en comisiones. El nuevo proyecto de comunicación representa una estrategia diferente: en lugar de proponer legislación propia, solicita al Poder Ejecutivo provincial que active, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, el mecanismo ya habilitado a nivel nacional.

Martin destacó que el bloque viene advirtiendo sobre esta problemática desde hace más de un año y señaló que ‘ahora existe una herramienta concreta habilitada por Nación para avanzar sobre el bloqueo de las comunicaciones móviles dentro de las cárceles’. El proyecto quedará sujeto al tratamiento legislativo correspondiente, mientras el bloque aguarda que el Poder Ejecutivo provincial tome la iniciativa y gestione formalmente ante la Nación la aplicación del sistema en el conjunto del Sistema Penitenciario Provincial.