Unas 85 mil personas están en mora en la provincia, con jóvenes como los más afectados. La senadora nacional Ana Marks presentó en el Congreso tres iniciativas para proteger a los consumidores endeudados, prevenir el sobreendeudamiento e incorporar educación financiera en las escuelas.

El endeudamiento de los hogares se convirtió en una de las principales preocupaciones sociales en Río Negro. Según un informe difundido esta semana, unas 85 mil personas se encuentran en mora en la provincia, en su mayoría jóvenes que tomaron créditos con bancos y financieras. El dato se enmarca en un contexto nacional donde la morosidad ronda el 25%, y refleja una realidad que la senadora nacional Ana Marks decidió llevar al centro del debate legislativo.

Frente a este escenario, Marks impulsa tres proyectos en el Congreso que apuntan a abordar el problema desde distintos ángulos: proteger a quienes ya están endeudados, prevenir que nuevas personas caigan en situaciones de sobreendeudamiento y sumar herramientas de educación financiera desde las aulas. ‘El endeudamiento dejó de ser una herramienta para progresar y pasó a convertirse en una estrategia desesperada de supervivencia’, afirmó la legisladora.

El primero de los proyectos propone crear un régimen de protección para consumidores endeudados y sobreendeudados, con mecanismos administrativos y judiciales específicos para evitar que las deudas se vuelvan una carga permanente que comprometa los recursos destinados a las necesidades básicas. La iniciativa contempla herramientas para reestructurar deudas provenientes de créditos de consumo, tarjetas, préstamos personales y financiamiento mediante billeteras virtuales.

Entre las medidas previstas figuran un procedimiento administrativo gratuito, un proceso judicial especial, la posibilidad de suspender embargos y descuentos sobre salarios y jubilaciones, el congelamiento de intereses considerados abusivos y planes de pago de hasta cinco años. Además, la propuesta garantiza un ‘mínimo existencial’ para preservar los recursos destinados a alimentación, salud, vivienda y educación, así como la protección de la vivienda única familiar y la prohibición de cortes de servicios esenciales durante el proceso.

El proyecto también plantea mecanismos de control sobre bancos, financieras y empresas fintech, con herramientas para revisar tasas de interés abusivas, prácticas de crédito irresponsable y mecanismos de cobranza que puedan afectar a consumidores vulnerables. Incluso contempla la posibilidad de revisar judicialmente créditos otorgados bajo condiciones consideradas abusivas o irresponsables.

La segunda iniciativa apunta a la prevención. Para eso propone modificar la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor e incorporar una advertencia obligatoria en todas las operaciones de crédito destinadas al consumo. Según la propuesta, cada contratación deberá incluir un recuadro visible y de fácil comprensión donde se detallen los derechos de los consumidores, las obligaciones de los proveedores y los riesgos asociados al producto financiero contratado.

El planteo parte de reconocer que el sobreendeudamiento no puede atribuirse únicamente a decisiones individuales. La iniciativa señala que las prácticas comerciales agresivas, la publicidad engañosa, la falta de información clara y determinadas condiciones contractuales también pueden llevar a que una persona asuma obligaciones que luego no puede afrontar. En ese marco, el proyecto busca fortalecer los controles sobre bancos, financieras y empresas fintech, promoviendo condiciones de contratación más transparentes.

El tercer proyecto apunta a incorporar educación financiera en las escuelas de todo el país, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada, cooperativa y social, en todos los niveles y modalidades. La propuesta establece que la Secretaría de Educación, en consulta con el Consejo Federal de Educación, deberá definir las pautas para integrar estos contenidos en los niveles inicial, primario y secundario, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes desarrollen herramientas para relacionarse de manera crítica y responsable con el sistema financiero.

Entre los contenidos propuestos se destacan los derechos de consumidores y usuarios financieros, el funcionamiento del sistema financiero, la identificación de prácticas abusivas, la elaboración de presupuestos, la planificación de gastos y el ahorro. También se contempla trabajar sobre alternativas de la economía social y solidaria, como cooperativas y mutuales, y las distintas formas de inserción laboral y productiva. En línea con la creciente digitalización, el proyecto incorpora además contenidos sobre billeteras virtuales, comercio electrónico y medios de pago electrónicos, con especial atención en la seguridad informática y la prevención de estafas.

‘En Río Negro, más de 26 mil jóvenes están endeudados. La situación sigue escalando y es preocupante para todas las familias’, advirtió Marks. La senadora subrayó que la educación financiera puede contribuir a reducir las asimetrías de información y fortalecer la capacidad de decisión de las personas frente a productos y servicios financieros. ‘Necesitamos un Estado que no llegue solamente cuando la deuda ya es impagable, sino que también brinde las herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y garantizar que cada persona pueda tomar decisiones informadas y ejercer plenamente sus derechos’, concluyó.