Un proyecto de ley impulsado por la legisladora Martina Lacour busca unificar y modernizar el marco normativo que regula la actividad de seguridad privada en la provincia. La iniciativa contempla la creación de un Registro Provincial específico y establece nuevas condiciones para habilitaciones, credenciales y sanciones.
La legisladora Martina Lacour presentó ante la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que propone crear un régimen único para la prestación de servicios de seguridad privada en toda la provincia. La iniciativa apunta a reemplazar el entramado normativo vigente, que se encuentra disperso en distintas normas, por un cuerpo legal unificado y actualizado.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Registro Provincial de Seguridad Privada, en el que deberán inscribirse todos los actores del sector: prestadores de servicios, directores técnicos, vigiladores y personal de seguridad interna. Esta herramienta busca ordenar y transparentar el funcionamiento de una actividad que involucra a numerosas empresas y trabajadores en todo el territorio rionegrino.
En cuanto a las habilitaciones, el texto establece que tendrían una vigencia de hasta tres años. Además, introduce un criterio novedoso respecto de las credenciales: estas pertenecerían a la persona y no a la empresa, lo que permitiría que el trabajador habilitado pueda prestar servicios para distintos empleadores que cuenten con la correspondiente habilitación provincial.
Otro aspecto destacado es que la existencia de investigaciones penales en trámite no constituiría por sí sola una causal de inhabilitación para ejercer en el sector. Este punto podría tener impacto directo en la situación laboral de trabajadores que enfrentan procesos judiciales sin condena firme.
El proyecto también prohíbe expresamente al personal de seguridad privada arrogarse funciones propias de las fuerzas públicas, dejando en claro los límites de su actuación. En materia de incumplimientos, se contempla un régimen de multas e inhabilitaciones para quienes violen las disposiciones de la futura ley.
Por último, la propuesta incluye una medida orientada a descomprimir la demanda sobre el sistema policial: exige que, antes de solicitar la intervención de la policía, se verifique previamente si la alarma que motivó el aviso es real. De esta forma, se busca evitar movilizaciones innecesarias de las fuerzas de seguridad ante falsas alarmas.
El expediente puede consultarse en el sitio oficial del sistema de gestión legislativa de Río Negro.






























