La Contaduría Interna del IPROSS descubrió modificaciones de CUIT y cuentas bancarias en el sistema de reintegros, con transferencias reiteradas a tres CBU que no pertenecían a los afiliados beneficiarios. El empleado a cargo del área fue suspendido preventivamente y el Gobierno presentó una denuncia penal por presunta defraudación al Estado.

Una investigación interna en el Instituto Provincial de Salud de Río Negro (IPROSS) destapó una presunta maniobra de desvío de fondos en el sistema de reintegros. A través de controles de rutina, la Contaduría Interna detectó inconsistencias que derivaron en una auditoría informática, la suspensión preventiva de un agente y una denuncia ante la Fiscalía penal.

Según explicó Guillermo Ceballos, subsecretario de Asuntos Legales y Transformación Digital del Gobierno de Río Negro, el caso comenzó a tomar forma cuando el área contable advirtió que algunos CUIT no coincidían con los registrados para los beneficiarios y que también se había modificado la información de las cuentas bancarias asociadas. A partir de esas inconsistencias, se realizó una auditoría sobre los sistemas informáticos utilizados para cargar los reintegros.

Esa revisión confirmó que los datos habían sido alterados y permitió detectar transferencias reiteradas hacia tres CBU cuyos titulares no eran los afiliados que habían solicitado los pagos. La maniobra, según la investigación, habría sido posible porque el empleado apartado era precisamente quien estaba a cargo del área de reintegros y contaba con permisos y credenciales para realizar modificaciones en el sistema.

‘El sistema no debiera permitir estas cosas’, reconoció Ceballos, aunque aclaró que el acceso del agente correspondía a las funciones propias de su cargo. No cualquier empleado del organismo tenía esa capacidad de modificación. La irregularidad, entonces, no habría sido una intrusión externa sino un uso indebido de facultades legítimas.

El volumen operativo del IPROSS da una dimensión del desafío que implica el control: el organismo cuenta con alrededor de 160.000 afiliados y procesa aproximadamente 5.000 reintegros por mes. Ante esa escala, el cruce de datos informáticos resulta clave para identificar desvíos, como ocurrió en este caso.

Una vez avanzada la investigación interna, la Secretaría de Asuntos Legales dispuso la suspensión preventiva del agente, inició un sumario administrativo y puso el caso en conocimiento del Tribunal de Disciplina. En paralelo, el Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía penal por la presunta comisión del delito de defraudación al Estado.

El expediente avanza ahora por dos vías simultáneas: la administrativa, dentro del Estado provincial, y la judicial. En ese marco, Ceballos confirmó que la Fiscalía ya realizó un procedimiento en la oficina y secuestró el equipo informático utilizado por el empleado denunciado. El dispositivo será sometido a pericias para determinar qué modificaciones se realizaron, cuándo y en qué operaciones.

La investigación también podría extenderse hacia las entidades financieras involucradas. La Justicia deberá solicitar información a los bancos donde se realizaron las transferencias para reconstruir el movimiento de los fondos y establecer quiénes fueron sus destinatarios finales.

Hasta el momento no se informó el monto del eventual perjuicio económico ocasionado al Estado, ya que ese dato deberá surgir del avance de las pericias informáticas, el análisis de las operaciones y la información que aporten los bancos. La Justicia tendrá a su cargo determinar el alcance total de las irregularidades y las responsabilidades que pudieran corresponder.