El sistema de reconocimiento automático de patentes identificó una Ford EcoSport con requerimiento judicial activo emitido por un juzgado de Río Grande. La conductora, de 37 años y domiciliada en Bariloche, tampoco contaba con la documentación obligatoria para circular. El vehículo fue secuestrado y las actuaciones serán enviadas al tribunal requirente.

El sistema de seguridad inteligente de Bariloche volvió a demostrar su eficacia al detectar una camioneta que tenía una orden judicial vigente dictada en la provincia de Tierra del Fuego. El procedimiento se desencadenó cuando la tecnología de reconocimiento automático de patentes —conocida como LPR— identificó la Ford EcoSport y generó de manera automática una alerta en el Centro de Seguridad Inteligente de la ciudad.

Ante esa señal, la operadora del 911 RN Emergencias notificó de forma inmediata a la Comisaría 28° y mantuvo el seguimiento del vehículo en tiempo real a través de las cámaras de videovigilancia que integran el denominado Anillo Digital. Gracias a ese monitoreo continuo, el personal policial logró interceptar la camioneta sin mayores inconvenientes.

Durante el procedimiento se constató además que la conductora, una mujer de 37 años con domicilio en Bariloche, no portaba la documentación obligatoria requerida para circular. Por esta infracción adicional se solicitó la intervención de Tránsito Municipal, y el vehículo fue trasladado preventivamente a la Comisaría 2°.

Desde la fuerza policial se estableció contacto con el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1 del Distrito Judicial Norte de Río Grande, Tierra del Fuego, organismo que confirmó la vigencia de la medida judicial y solicitó proceder conforme al requerimiento. En consecuencia, se materializó el secuestro formal de la Ford EcoSport y se dispuso el envío de todas las actuaciones al juzgado requirente.

El operativo se enmarca en el esquema de Río Negro Seguridad Inteligente, una plataforma que combina tecnología LPR, videovigilancia y comunicación operativa en tiempo real para detectar vehículos con requerimientos judiciales activos y facilitar la intervención de los equipos de prevención. Este caso pone de relieve la capacidad del sistema para actuar incluso cuando las órdenes judiciales provienen de jurisdicciones de otras provincias del país.