La justicia formuló cargos contra una mujer acusada de haber instigado una agresión que dejó a un hombre internado con una herida de arma blanca en el abdomen. El hecho ocurrió en la madrugada del 6 de septiembre en la vía pública de Bariloche. La investigación quedó habilitada hasta febrero de 2027 y rigen medidas cautelares para proteger a la víctima y a los testigos.

Una mujer fue formalmente imputada por presuntamente haber ordenado el ataque contra un hombre que continúa internado en el hospital local tras ser golpeado y apuñalado. Según la acusación presentada por el fiscal Facundo D’Apice y la fiscal adjunta María José Jalil, la imputada habría impulsado la agresión en el contexto de un conflicto previo con la víctima.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 6 de septiembre, entre las 4 y las 5, en la vía pública. De acuerdo con la hipótesis fiscal, cuatro personas habrían interceptado al hombre por indicación de la imputada y lo atacaron con golpes y heridas en distintas partes del cuerpo. La lesión más grave fue una puñalada en el abdomen provocada con un arma blanca. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital, donde permanece internada y aún no pudo prestar declaración.

Como respaldo de la acusación, la Fiscalía aportó imágenes de cámaras de seguridad de viviendas y comercios del lugar, testimonios de personas que presenciaron distintos momentos del ataque o que estuvieron con la víctima antes de la agresión, y el resultado de allanamientos en los que se secuestraron teléfonos celulares. Esos dispositivos serán sometidos a peritajes informáticos acotados al período cercano a la comisión del hecho, según lo dispuesto por el juez de garantías Juan Pablo Laurence. El testimonio del hombre hospitalizado será incorporado a la causa en cuanto su estado de salud lo permita.

Durante la audiencia, la imputada tomó la palabra y negó toda participación en el hecho. Por su parte, el defensor penal adjunto Nahuel Benac no se opuso formalmente a la formulación de cargos ni al plazo de investigación solicitado. El juez Laurence consideró que en esta etapa inicial existen elementos suficientes para habilitar la investigación y fijó como fecha límite el 11 de febrero de 2027.

Junto con la habilitación de la investigación, el magistrado ordenó una serie de medidas cautelares. La imputada deberá mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de la víctima, sus familiares y todas las personas que declararon en la causa. Asimismo, quedó prohibida de contactarlos por cualquier medio, ya sea de forma directa o a través de terceros, hasta que venza el plazo establecido. Las medidas apuntan tanto a resguardar la integridad física de la víctima como a evitar posibles intimidaciones a los testigos.

La calificación legal y el grado de participación atribuido a la imputada son provisorios y podrán modificarse a medida que avance la investigación, conforme lo aclararon los propios representantes del Ministerio Público Fiscal.