El máximo tribunal rechazó el reclamo de los excombatientes de Malvinas contra la derogación de la Ley de Tierras y luego salió a alertar sobre los ‘discursos de odio’ dirigidos a sus integrantes. Sin embargo, guarda silencio ante el hostigamiento sistemático que el presidente Javier Milei ejerce contra periodistas. Una doble vara que pone en evidencia una sensibilidad institucional que solo se activa cuando la crítica apunta hacia adentro.

Los veteranos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) llegaron a la Justicia con un reclamo concreto: impugnar la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la presentación por falta de legitimación, sin expedirse sobre el fondo del asunto ni sobre la constitucionalidad de esa derogación. Hasta ahí, una resolución judicial más.

Lo que vino después abrió el debate. Ante las críticas recibidas, el tribunal salió a advertir sobre los ‘discursos de odio y descalificación’, enunciando una premisa que muchos comparten: ‘La crítica es correcta; la descalificación y el odio solo deterioran las instituciones y la democracia’. El problema no está en el principio, sino en cómo y a quién se lo aplica.

Los excombatientes calificaron de ‘indigno’ al tribunal. Esa expresión, pronunciada por hombres que pelearon una guerra por la soberanía nacional y que hoy defienden la tierra argentina en los estrados judiciales, pertenece al terreno de la crítica política legítima sobre una decisión de interés público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel, recordó que ese tipo de debate merece una protección especial. Los jueces, como cualquier funcionario, están sujetos al escrutinio ciudadano.

Además, el artículo 3 de la Ley 23.592 sanciona la incitación a la persecución o al odio por motivos de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. Pero no convierte cualquier agravio en ese delito. Encuadrar una protesta como ‘discurso de odio’ exige bastante más que sentirse ofendido.

Mientras el tribunal exhibía esa sensibilidad, el presidente Javier Milei sostenía sin interrupciones su práctica de hostigamiento hacia la prensa. ‘No odiamos lo suficiente a los periodistas’ es una de sus frases de cabecera. Los llama ‘ensobrados’, ‘mierdas’ y ‘basura’, y los señala ante millones de seguidores en sus redes sociales, convirtiendo el escrache en una herramienta de gobierno.

Los números son elocuentes. Reporteros Sin Fronteras documentó más de 35 mensajes hostiles diarios, incluyendo republicaciones, entre abril y mayo de 2026. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también advirtió sobre la estigmatización oficial de periodistas y sus consecuencias concretas sobre el ejercicio de la profesión.

La jurisprudencia interamericana es clara al respecto. Los casos Ríos y Perozo establecen un deber especial de cuidado para los altos funcionarios: sus palabras cargan el peso simbólico del Estado y pueden incrementar la vulnerabilidad de quienes son señalados. Un presidente que convoca públicamente a odiar dispone de una capacidad de intimidación que ninguna asociación de veteranos podría igualar.

La inversión de esa escala es lo que resulta difícil de sostener. La Corte se alarma ante quienes cuestionan su decisión judicial, pero omite reaccionar ante un presidente que promueve el hostigamiento desde la cima del poder. Su sensibilidad institucional se enciende cuando la crítica la roza directamente. Cuando el agravio proviene del Ejecutivo, esa urgencia desaparece.

Los mismos hombres que arriesgaron sus vidas por la soberanía argentina defienden hoy esa misma tierra en los tribunales. Merecen que sus argumentos sean escuchados y que su derecho a cuestionar las decisiones que los afectan sea respetado. Una regla republicana auténtica debe obligar, ante todo, a quienes ejercen el poder. Si todo el peso cae sobre los veteranos y nada sobre quien gobierna, esa regla deja de ser una garantía para convertirse en una injusticia.

La independencia judicial se mide por la capacidad de sostener los mismos principios frente al poderoso que frente al ciudadano común. Una severidad selectiva que concede impunidad al gobierno y descarga su rigor sobre excombatientes de Malvinas no es imparcialidad: es una contradicción que socava la credibilidad del tribunal y la confianza en las instituciones democráticas.