Estudiantes, docentes, gremios, organizaciones sociales y comunidades originarias caminaron desde Onelli y Moreno hasta el Centro Cívico, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. El reclamo central fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a más de un año de su sanción.

Por Barinoticias

Bariloche se sumó este jueves a la quinta Marcha Federal Universitaria con una movilización que partió alrededor de las 17.30 desde la esquina de Onelli y Moreno y recorrió el centro hasta la plaza del Centro Cívico. Según El Cordillerano, la columna inicial reunió a unas 500 personas, y se esperaba que se fueran sumando más a lo largo del recorrido. No hubo una cifra oficial de asistentes ni se reportaron incidentes en la ciudad.

En la marcha se vieron banderas de las universidades, de la CGT y de otros gremios, de organizaciones sociales y partidos políticos, y símbolos del pueblo mapuche. La convocatoria local surgió de una asamblea multisectorial realizada en la sede de UnTER, y el miércoles se presentó en una conferencia de prensa en el Centro Regional Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue. También la acompañó la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro.

A nivel nacional, la jornada fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y los gremios docentes CONADU y FEDUN, con el acto central frente al Congreso. En Río Negro también hubo movilizaciones en General Roca, Viedma y San Antonio Oeste.

El eje de la protesta fue la Ley de Financiamiento Universitario. El Senado la sancionó en forma definitiva en agosto de 2025 y el presidente Javier Milei la vetó un mes después, pero el Congreso rechazó el veto. El Poder Ejecutivo la promulgó con un decreto que suspendía su aplicación hasta que el Congreso indicara de dónde saldrían los fondos. A pedido del CIN, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional ese decreto. Una medida cautelar, ratificada por la Corte Suprema, ordenó cumplir los artículos referidos a salarios docentes y becas, y ante el incumplimiento el juez federal Martín Cormick llegó a fijar una multa diaria de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

“La situación es muy crítica en todo el sistema universitario”, afirmó Diego Aguiar, vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, en declaraciones a El Cordillerano. Aguiar describió universidades con problemas para pagar los servicios, sin dinero para comprar insumos de laboratorio y con obras paralizadas, y señaló que el deterioro salarial ya golpea la docencia y la investigación. Sostuvo que el proyecto de presupuesto del Ejecutivo para el año próximo implica una reducción de alrededor del 30% respecto de los recursos que el CIN estimó como básicos, y reclamó que “después de un año, se empiece a cumplir la ley”. “Lo que está en juego es el futuro de la universidad y el futuro del derecho al acceso a la educación”, dijo.

En la conferencia previa, Aguiar había resumido el sentido de la jornada: “Lo que está en juego es que se cumpla la ley”. Y agregó: “Ya lo dijo la justicia, lo dijo el Poder Legislativo, y mañana lo van a decir nuevamente las calles en todo el país”.

Los números le dan sustento al reclamo. De acuerdo con un relevamiento de Chequeado, el presupuesto universitario de 2026 es de 6,2 billones de pesos, un 25,3% menos en términos reales que en 2023; para volver a ese nivel harían falta 8,3 billones. El proyecto para 2027 prevé 7,5 billones, prácticamente sin cambios reales, cuando para igualar 2023 se necesitarían unos 10 billones. Los salarios muestran una caída similar: en septiembre, un auxiliar docente con dedicación simple y diez años de antigüedad cobró 421.236 pesos según CONADU, un 24,2% menos que en noviembre de 2023. Para cumplir lo que fija la ley, ese sueldo debería aumentar otro 32%, hasta unos 556.000 pesos.

En Bariloche, la marcha sumó un segundo reclamo, con fuerte peso local: la defensa de la Ley de Tierras 26.737, que limita la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y que el DNU 70/2023 derogó en su artículo 154. Los convocantes pidieron el rechazo definitivo del decreto. Advirtieron que hoy esos límites dependen de decisiones judiciales provisorias y alertaron sobre el interés inmobiliario en tierras patagónicas con acceso a lagos y ríos, en especial en zonas de frontera. El rechazo al DNU incluyó también los cambios en alquileres, prepagas y la Ley de Contrato de Trabajo.

La movilización cerró una semana de actividades. El lunes 12 marchó el Pueblo Mapuche-Tehuelche desde el mismo punto de encuentro, y el martes y el miércoles hubo volanteadas y pintada de carteles en el CRUB. “Hay que parar el DNU 70/23, luchar contra el desfinanciamiento actual y salir a las calles”, planteó en la previa Camila Leiva, de la Asamblea de Estudiantes en Lucha de la UNRN, en diálogo con Al Margen. Para después de la marcha, las organizaciones tenían prevista una vigilia junto a excombatientes de Malvinas, hasta que se derogue el decreto.