Tres legisladores del bloque Vamos con Todos presentaron un proyecto para que las comisiones de fomento puedan crear servicios públicos y fijar tasas sin autorización previa del Ministerio de Gobierno. La iniciativa apunta a fortalecer la autonomía financiera y administrativa de estas localidades rionegrinas.

Un proyecto de reforma parlamentaria impulsado por los legisladores Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao y José Luis Berros, del bloque Vamos con Todos, busca otorgar mayor autonomía a las comisiones de fomento de Río Negro. La propuesta permitiría a estas comunidades crear servicios públicos esenciales y establecer sus propias tasas retributivas sin necesidad de contar con la autorización previa del Ministerio de Gobierno provincial.

De aprobarse la iniciativa, las autoridades locales solo tendrían la obligación de notificar a la autoridad de aplicación con 30 días de anticipación a la implementación de nuevos servicios o tasas. Según los impulsores del proyecto, este cambio representaría un avance significativo hacia la autonomía financiera y administrativa de las comisiones de fomento rionegrinas.

En los fundamentos de la propuesta, los legisladores remarcaron que el sistema actual condiciona el cobro de tasas a negociaciones políticas, lo que limita considerablemente la capacidad de gestión de las comisiones de fomento. Esta situación impide que estas localidades puedan desarrollar políticas propias de manera ágil y efectiva.

El proyecto no solo busca fortalecer la autonomía local, sino también equiparar las condiciones de vida de estas poblaciones con las del resto de los municipios de la provincia. Los autores sostienen que la medida promovería el desarrollo territorial sin que los vecinos se vean afectados por disputas políticas entre diferentes niveles de gobierno.

Además, la iniciativa propone actualizar el régimen de sanciones aplicable a las autoridades comunales. En este sentido, incorpora los conceptos de ‘plazo razonable’ y ‘debido proceso’ en reemplazo de la actual referencia a la ‘brevedad’ de los procedimientos, lo que brindaría mayores garantías jurídicas a los funcionarios locales.