El peligro de subestimar el rol del Estado en el mundo tecnológico

Cuando el mundo de la WEB 2.0 aparece en el radar de los pensadores, un universo de potencialidades se abre en la actividad política. Sobre todo, basado en las potencialidades de los gobiernos y su vinculación con este nuevo portento tecnológico.
Tanto en su faz electoral como en la de administración pública, las redes y blogs, los microbloggings y los buscadores y los instrumentos portadores de estos como Smartphones, tabletas y PCs, ocuparon un lugar central en la mirada de sociólogos, politólogos, periodistas y, fundamentalmente, mujeres, hombres y géneros diversos dedicados a la actividad política. 
No era nuevo el tema, pero sí novedoso para el no siempre modernizado cosmos de la militancia política. Con Obama y su triunfo en las elecciones de EEUU supusieron que había llegado el tiempo en que cualquiera por el mero hecho de tener teléfonos inteligentes y tabletas y community manager, se aseguraba fuertes presencias mediáticas antes carenciadas. Y, ¿porque no?, destinos de gloria como candidatos, seguramente ganadores.
Ya en comienzos de la década de los 90 Howard Rheingold (crítico y ensayista de EEUU. Especializado en las implicaciones culturales, sociales y políticas de las nuevas tecnologías de la información, como Internet y la telefonía móvil. Fue el creador del término comunidad virtual) había afirmado que las tecnologías comenzaban a tener roles externos a su propia función y jugarían un papel clave en el sostenimiento democrático, y para eso aventuraba que era imprescindible que las nuevas Tics, esos recursos que surgían con arrolladora fuerza, fueran accesibles a las mayorías de los pueblos.
Y sumamos a la ya veterana propuesta de la WEB 2.0, la WEB 3.0 que es la tercera generación de servicios de Internet y que más volcada a la mejor utilización de datos aspira a una World Wide Web sostenida en instrumentos que aseguren páginas más semánticas y mejor provisión de datos y organización. Este nivel de la WEB busca generar sitios inteligentes y con mucha conectividad.
Hablamos de la 2.0 porque buceamos en la reciente historia y de ahí aparece la mayor vinculación con la política. Y porque no se han cumplido algunos pasos de su propia definición.
Y regresamos a Rheingold y decimos que, tenía razón, en parte.
Hoy Internet goza de popularidades increíbles donde más de 5000 millones de personas (casi el 69% de la población mundial) utiliza Internet y, aún con disparidades según el país, la brecha digital se acorta. (Igual es válido seguir bregando por achicar la brecha digital ya que en muchos países, el nuestro desde ya, expresa una brecha social y en casi todo América Latina hay un 30% de personas desconectadas o sin acceso a banda ancha). E incluso ya lo etario no tiene la trascendencia de sus comienzos. Pero el augurio de Rheingold que se cumple en la masividad no alcanza todavía para cubrir las demandas de una democracia digital que asegure mejores niveles de respeto y libertades para los usuarios y cortapisas a las grandes empresas dominantes del esquema algorítmico.
Para eso, el mundo político 2.0 y los gobiernos 2.0, superando ya la inicial performance del Open Government- Gobierno abierto deben abonar muchos más, rumbos de transparencia y niveles colaborativos. De nada sirve ser un 2.0 o un 3.0 y no tener, como funcionario gubernamental, las suficientes responsabilidades y templanzas para que el uso de las Tics tenga el provecho necesario.
En nuestro país, y en verdad con ciertos avances como el programa Redes para el bien común y algunas áreas de gobierno dedicadas a mejorar los usos de las Tics en virtud de aumentar la calidad del servicio público brindado, no hay grandes “emociones” al respecto.
Las formas tradicionales de comunicación política y pública, que siguen aquel modelo vetusto con abuso de palabras, extenso, vertical y casi unidireccional, producto de los tiempos del unicato de los medios de comunicación masivos, siguen en pie.
Pero, amén de no saber usar lo que las modernas plataformas brindan, fallan también cuando las usan y eso repite lo que ya pasaba cuando no sabían hacer uso de lo analógico. Malgastaban minutos en televisión para seguir marrando en lo comunicable, y ahora cierto fracaso similar aparece en el uso de las redes, en tiempos que Internet permite hablar a todos dirigiéndose de manera personal a cada uno.
Pifian los sujetos y los contenidos. Los instrumentos están ahí. A la espera de mejores intérpretes.
Pero esto no es lo más importante. 
Lo trascendente pasa por algunas comprensiones como “La Red permite afrontar el tipo de diálogo al que la democracia representativa aspiraba desde siempre”, o “ Internet está permitiendo conversaciones entre seres humanos que simplemente no eran posibles en la era de los medios de comunicación” o “ Las comunidades humanas se basan en el discurso, en el discurso humano sobre preocupaciones humanas”, tres de las 95 tesis del Manifiesto Cluetrain-1999, original, creativo, bizarro y muy certera visión sobre lo que debía ser la WEB 2.0 en sus inicios.
Y para cumplir esto, que ya tiene 23 años y un avance tecnológico en el mundo que casi hace vetusto esta lista de objetivos planteados en el Manifiesto Cueltrain, es necesario que los Estados Nacionales y las políticas públicas de Tics, tomen su lugar en el universo de las redes y del espacio algorítmico. Que equilibre con las enormes empresas digitales el poder de manejo de las redes, sus proveedores, sus distribuciones y sus conectividades. Sin censuras ni posiciones estatales autoritarias. Sin regulaciones imposibles de cumplir. Pero con un rol público innegociable.
En tiempos en que se buscan cual, si fuera el maná celestial, nuevas convenciones y formas de participación ciudadana, las redes e Internet como tal pueden ser vehículo de novedosas prácticas democráticas.
Pero claro, para eso hay que generar infraestructura estatal que contenga esos objetivos. Hay que dotar a la Administración Pública de funcionarios con poder de decisión, que entiendan esos objetivos y, mejor aún, que sean quienes elaboraron esos objetivos y hay que atreverse a una legislación moderna, acordada y donde prime el interés nacional y científico sobre posibles vulgaridades partidarias.
Y deben, los gobiernos, tener en mente el espíritu de la sinergia creativa y amable donde con la virtuosidad de alianzas entre el Estado, el subsector privado, el subsector de capital social, las Universidades y la Academia se conforme un democrático espacio que vaya construyendo el gran sistema de comunicación, información, nuevas tecnológicas y mundo digital que la Argentina requiere.