Los diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro presentaron un proyecto de ley de reconocimiento jurídico de la propiedad comunitaria de la tierra para pueblos originarios, que incorpora a las provincias en la discusión de los conflictos, y resuelve el vacío legal que genera decisiones centralistas arbitrarias, y deriva en situaciones de ilegalidad y violencia.
“Las provincias, en donde están estas tierras en conflicto, son las convidadas de piedra. Las decisiones las toman en oficinas en Buenos Aires despreciando la realidad del territorio y los habitantes. Y ese es uno de los graves errores que corrige este proyecto”, expresó Agustín Domingo, autor de la iniciativa que acompaña su compañero de bancada Luis Di Giácomo.

La iniciativa propone corregir el vacío legal que dejan las leyes vigentes, a través de “Foros de Propiedad Comunitaria Indígena” para todos los casos de reconocimiento de los derechos y reclamos de las comunidades,
Esos foros serán integrados por dos representantes de la provincia y uno del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y encabezarán un proceso jurídico para evaluar la demanda de propiedad ancestral, las pruebas presentadas y escuchar las objeciones planteadas en audiencias orales y públicas de libre acceso.
Al término del proceso el foro decidirá ajustándose a la Constitución Nacional (que reconoce la preexistencia de las comunidades y su derecho a la tierra), las leyes vigentes y la norma respectiva de la Convención Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a la que adhiere Argentina. 
“Quienes vivimos en Río Negro conocemos perfectamente el drama de la violencia y las reivindicaciones ilegales, pero también la convivencia pacífica con numerosas comunidades originarias que son dueñas del territorio que ocupan ancestralmente”, dijo.
Señaló que desde el retorno de la democracia el país intenta resolver el tema sin éxito, mediante la legislación nacional -incluso en la Constitución Nacional- y con distintas medidas de los gobiernos.
Además del avance federalista, Domingo destacó que el proyecto está basado en el debido proceso, que no se respeta en los casos más resonantes de los conflictos en Río Negro y en otras provincias, y en la participación ciudadana.