La Senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto en el Senado de la Nación, poniendo el eje principal en la convicción que la producción ovina es una actividad fundamental para la economía y la cultura de la región Patagónica de Argentina.
Sin embargo, recientes medidas incluidas en la Ley Bases han afectado negativamente, a través de su sanción, el financiamiento y desarrollo de esta actividad, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los productores ovinos y el equilibrio socioeconómico de la región.
“En el año 2001 se sancionó la ley 25.422 modificada en 2016 por la ley 27.230, que creó el Régimen para la recuperación de la ganadería ovina, que constituyó un Fondo Fiduciario con el objeto de destinar fondos del presupuesto nacional para recuperar la ganadería ovina nacional, mejorar la infraestructura, aumentar la producción y asegurar la sustentabilidad de la industria ovina”, remarcó.
Además, agregó: “ A través de la promoción y desarrollo de la ganadería ovina en Argentina,se ha logrado mejorar su competitividad y sustentabilidad.
Adicionalmente al marco legal y financiero que la ley establece apoya a los productores ovinos a través de capacitaciones y asistencia técnica”.
“Desde su implementación, abril de 2001, la Ley Ovina ha tenido un impacto significativo en la industria ovina argentina. Ha permitido la financiación de numerosos proyectos que han contribuido a la modernización y sostenibilidad de la producción ovina. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos, como la necesidad de asegurar una distribución equitativa de los recursos y la adaptación a las fluctuaciones económicas y climáticas”, sostuvo.
“Desde la asunción, el presidente Javier Milei realizó diferentes recortes presupuestarios en el sector. A través de la sanción de la Ley Bases impactó directamente en los fondos destinados a la Ley Ovina y en programas de fortalecimiento productivo tales como el Plan Lanar 2 y Prolana afectando negativamente los avances logrados en términos de calidad, productividad y sostenibilidad”, mencionó.
“La falta de apoyo y oportunidades en el sector podría incentivar la migración de trabajadores rurales hacia las ciudades en busca de empleo, lo cual puede provocar la despoblación y el deterioro de estas comunidades. Esto no solo afecta la producción, sino que también puede tener consecuencias ambientales, como la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. Las medidas tomadas recientemente muestran con claridad las consecuencias significativas y multifacéticas que afectan negativamente la economía, el medio ambiente, la cultura, y la estructura social de las comunidades dependientes de esta actividad en Argentina” finalizó.
Despacho Senadora García Larraburu