Frente a los hechos de público conocimiento, solicitamos que se convoque en forma urgente al diálogo y se respeten los derechos y garantías constitucionales de todas las personas. 

Repudiamos la estigmatización a los pueblos indígenas y la utilización irresponsable y liviana de la palabra “TERRORISTA” con el que la derecha pretende asimilar a los pueblos indígenas y a quienes luchamos por el cumplimiento de los derechos constitucionales previstos en nuestra Constitución Nacional y Convenios internacionales, con los genocidas de la dictadura cívico militar que azotó el país a partir de 1976.
Terrorismo es el que padeció nuestro país en la oscura noche que duró 7 años y que se llevó a más de 30.000 detenidos desaparecidos, además de avalar violaciones, secuestros y robo de niños, entre otros crímenes de lesa humanidad.  
El gobierno de Río Negro no cumple las leyes ni la Constitución de su propia provincia. Mientras Neuquén y Chubut están llevando a cabo los relevamientos territoriales previstos en la ley 26160 prorrogada mediante decreto 805/2021, en esta provincia NO se respetan las normas nacionales ni provinciales. Hay más de 100 comunidades indígenas mapuches tehuelches esperando desde hace 10 años que se cumpla con su derecho. A diferencia de otras provincias, Río Negro jamás entregó un solo título comunitario de tierras, como tampoco respeta el derecho a la consulta libre, previa e informada, tal lo establece el convenio 169 de la OIT y la ley 24071.
Pero, como contrapartida, el gobierno de Arabela Carreras entrega en forma escandalosa lagos y ríos a ingleses, tierras en área de fronteras a qataríes y hasta permite mansamente que Joseph Lewis opere un aeropuerto inglés muy cerca de las Islas Malvinas poniendo en riesgo la seguridad nacional y la soberanía.
Lamentablemente el dedo acusador no fue por los privilegios y la impunidad que goza el magante inglés que descansa a menos de 100 kms, de Villa Mascardi. Solo va por el indígena, el pobre, el excluido, el despojado desde hace 500 años.
Nunca los rionegrinos y rionegrinas padecimos en toda nuestra historia democrática, un gobierno racista y entregador al poder concentrado extranjero, como el que nos gobierna desde hace 10 años. 
Desde el inicio de la gestión del actual gobierno nacional se conformó un espacio para abordar desde una mirada democrática, las distintas situaciones generadas por reclamos territoriales y otros derechos de pueblos originarios donde el Estado no ha dado respuesta. El fin era buscar una salida PACIFICA a reclamos en cuya base hay derechos constitucionales en pugna en paralelo al accionar de la Justicia y el Poder Legislativo. En este espacio articulador de carácter interdisciplinario, gestado antes de la pandemia en la ciudad de Tucumán, participaban las propias comunidades, organizaciones indígenas y de derechos humanos, vecinos y vecinas, la Nación y las provincias, el Ministerio Público de la Defensa y las universidades.
Luego del homicidio de Rafael Nahuel a manos de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich, había que encontrar la forma de que el Estado pueda pararse de otra manera frente a los pueblos indígenas, a quienes la Constitución Nacional y los convenios internacionales reconocen derechos, muchos de ellos incumplidos.
Ni bien se conoció la noticia sobre el nacimiento de esa política pública acorde con los estándares de derechos humanos fundamentales, los intereses inmobiliarios, económicos y los planteos racistas reproducidos y multiplicados por distintas vías, fueron minando ese espacio de diálogo, hasta eliminarlo. Lo ensuciaron de tal manera con calumnias y con críticas teñidas de oscuros intereses, que lograron destruirlo por completo. 
La primera medida fue pedir que INAI no participe de esas mesas de diálogo. Así se cumplió y fue el secretario de DDHH quien reemplazó al organismo indígena desde 2020 hasta el presente.
El 4 de octubre, la política de MESAS DE DIALOGO fue tristemente abandonada.
Muchos están festejando. ¿Que ganaron, que festejan?
Todos sabemos que un operativo de desalojo violento puede implicar muertos y la profundización de todo conflicto. Pareciera que para los que se cansaron de pedir “mano dura”, eso no importara. Para ellos, hay otros intereses “más importantes” que justifican correr ese riesgo y muchos otros también. 
Insistiremos hasta el cansancio junto a los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, indígenas y religiosas, que el diálogo es el único camino que tolera un Estado de Derecho para resolver los conflictos sociales. La democracia debe intentarlo una y mil veces, hasta por fin encontrar el acercamiento tan deseado que lleve a una solución pacífica en base al reconocimiento de derechos constitucionales de todas las personas.
Solicitamos se retome la política del diálogo en forma urgente y que se cumpla con el decreto 805/2021 en Río Negro.
J. ERNESTO MONTECINO ODARDA.
ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO AMBIENTAL. 
PRESIDENTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y LA EQUIDAD (ParTE), DISTRITO RÍO NEGRO.-