La Senadora Silvina García Larraburu presentó un Proyecto de Ley que declara actividad esencial el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en todo el territorio nacional. De esta manera, se protegen a las instituciones del Sistema Científico Nacional. 

Las mismas son: La Fundación Miguel Lillo, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), la Administración Nacional de Laboratorios (ANLIS), el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (CITEDEF), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el Instituto Antártico Argentino (IAA), el Área de Investigación y Desarrollo de las Universidades Nacionales, y todo aquellos organismos e instituciones que se creen para los mismos fines. 

La iniciativa garantiza la continuidad del funcionamiento de los organismos e instituciones pertenecientes al Sistema Científico Nacional; las cuales no podrán ser sujetas de privatización, tercerización de actividades, ni cancelación de programas. Tampoco podrá reducirse el porcentaje de financiamiento presupuestario destinado al sostenimiento del Sistema. 

Argumentó: “Frente a las discusiones en torno al rol del Estado y el impulso de políticas públicas que incentiven el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología; es imperioso garantizar que los organismos científicos del país sean independientes de los intereses económicos y productivos del sector privado o extrajero, en pos de asegurar nuestra soberanía”. 

“Una sociedad con bajo nivel de desarrollo científico-tecnológico se encuentra ligada a la dependencia de otras economías productoras de bienes con valor agregado. Esta situación genera falta de inclusión, desigualdad social y la extracción de riqueza desde los países más pobres hacia los más ricos. Por ello, resulta urgente dar un marco de protección e impulso a las Instituciones científicas argentinas que lideran hace décadas la investigación e innovación nacional”, concluyó.