La necesidad de regularizar la grave problemática nacional en torno al orden habitacional es una temática de extrema sensibilidad y gravedad, pues la realidad a lo largo y ancho de nuestro territorio argentino, nos demuestra que la regularización dominial de inmuebles destinados a la vivienda única familiar se ha incrementado.
García Larraburu sostuvo que: “Regularizar la situación precaria en que miles de ciudadanos residen actualmente es un deber, dando una herramienta que permita legítimamente en los casos y requisitos establecidos en favor de ocupantes que acrediten la posesión de buena fe en forma pública, pacífica y continua durante un periodo de tiempo estimativo, de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, permitiendo así que sus propietarios puedan finalmente disponer de sus inmuebles con los derechos que ello conlleva, con el agregado no menor que están incluidos en la ley los agricultores familiares”.
“La llamada Ley Pierri que este proyecto busca modificar, demostró en el tiempo de vigencia un alcance y efectividad real, que con el paso del tiempo se fue desdibujando debido a los términos enmarcados en su letra. Cabe destacar que el motivo de la modificación de la norma en cuestión, radica en la fecha de corte consignada en el articulado de la Ley, para poder acogerse al régimen de regularización dominial toda vez que con el correr de los años, ésta, quedaba muy alejada en el tiempo y, por ende, desvirtuaba el espíritu de la norma”. remarcó.
“En su redacción original, el artículo primero de la Ley No 24.374 planteaba que podrían acogerse a los beneficios de la norma, “los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua, durante tres años con anterioridad al 1° de enero de 1992, y su causa lícita, de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente”, dijo.
Además agregó: “Actualmente y luego de 15 años, se requiere una nueva actualización para seguir utilizando esta herramienta legal que nos permita afrontar la problemática de la informalidad en la que se encuentran importantes sectores de la población que destinan su inmueble a vivienda única, familiar y permanente, sin poder acogerse al régimen de la mentada Ley” finalizó.