La Senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto de comunicación manifestando su preocupación por el desfinanciamiento de las políticas contra las violencias hacia las mujeres y LGBTI+, que sigue siendo una problemática gravísima en nuestro país.

 “En el último informe elaborado por el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", se advierte que durante los primeros cuatro meses del 2024 -entre el 1 de enero y el 30 de abril- hubo un femicidio cada 37 horas en Argentina y se contabilizan un total de 78 asesinatos por la violencia machista. De estos femicidios, se conoció que en el 80% de los casos la víctima tenía algún vínculo con el agresor (45% era la pareja; 23% ex pareja, 9% familiar y 3% conocido)”, sostuvo.

“La violencia hacia las mujeres y disidencias sexo-genéricas sigue siendo una problemática grave y urgente que requiere políticas efectivas del Estado. En el marco del 3 de Junio, fecha clave en nuestro país para la lucha contra las violencias machistas, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentaron un informe, donde analizaron el presupuesto nacional con perspectiva de género y compararon la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2023 y 2024, advirtiendo un desfinanciamiento y una muy baja ejecución en casi todos los Programas”, dijo.

Además, agregó: “Las trabajadoras y trabajadores del área han denunciado que, según les transmitieron las autoridades, el próximo 30 de junio más de 500 personas van a ser despedidas de la Subsecretaría de Protección contra la violencia de género (ex- Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad), lo que representa más de un 80% de la planta total de trabajadoras y trabajadores del área."

“Hace unos días las calles de todo el país se vieron repletas de personas y organizaciones gritando “Ni Una Menos”, reclamando por el triple lesbicidio de Barracas, denunciando las políticas que promueven el hambre, la pobreza y el vaciamiento de las políticas públicas. Estas medidas, además de dejar a miles de personas sin respuesta y acompañamiento por parte del Estado frente a la vulneración de sus derechos, deja sin su fuente de ingresos a cientos de trabajadoras y trabajadores en todo el país”, finalizó.