Los legisladores y legisladoras del bloque Partido Justicialista - Nuevo Encuentro (PJ-NE), presentaron un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de la provincia, con el objetivo de conocer el abordaje del gobierno provincial a la situación que viven las personas mayores ante el fin de la moratoria previsional (Ley 27.705), con el objetivo de esclarecer el estado actual del Sistema de Protección a la Vejez (SIPROVe) y las políticas públicas destinadas a las personas mayores y en situación de calle.
El requerimiento apunta a obtener datos precisos sobre la cantidad y características de los beneficiarios del SIPROVe durante 2023, 2024 y el primer trimestre de 2025, así como también conocer cuántas solicitudes fueron rechazadas y por qué motivos. En particular, preocupa el impacto de los artículos de la Ley D Nº 3937 que excluyen a personas con familiares con beneficios previsionales o no previsionales, lo que podría estar limitando de manera injusta el acceso a un derecho básico.
Los legisladores también solicitaron información sobre el universo potencial de nuevos beneficiarios a partir de la caída de la Ley Nacional 27.705, en marzo de este año, lo que genera un aumento en la demanda de cobertura por parte del Estado provincial. En este sentido, se preguntó si existen personas en lista de espera para ingresar al sistema y como están distribuidas en la provincia.
Otro aspecto central del pedido de informes tiene que ver con la subejecución presupuestaria, tanto en lo que respecta a la asistencia integral a personas mayores como a las políticas destinadas a atender a quienes se encuentran en situación de calle. Según datos oficiales, el presupuesto destinado a estas áreas fue ejecutado por debajo del nivel previsto, autorizado y necesario, a pesar de la creciente demanda social. Por eso, el bloque pide explicaciones concretas sobre las razones cualitativas y cuantitativas detrás de esta situación, y si se están desarrollando acciones específicas en el territorio para abordar esta problemática.
Además, se solicitó conocer cuál es el cupo de beneficios previsto y autorizado por el Ministerio para este año en el marco del SIPROVe, y qué porcentaje de los casos de caducidad de beneficios en 2023 y 2024 se deben a que las personas alcanzadas obtuvieron posteriormente una pensión o jubilación nacional.
El legislador Leandro García señaló que el pedido de informes tiene por objetivo garantizar que el Estado provincial actúe con transparencia y eficacia en áreas sensibles que afectan directamente a la dignidad de miles de rionegrinos y rionegrinas. “No podemos permitir que haya personas mayores esperando por una respuesta del Estado, mientras existen fondos sin ejecutar. La protección social no puede ser un discurso, tiene que ser una política concreta, presente en el territorio y con recursos comprometidos”, expresó.
Finalmente, García concluyó: “El contexto de retiro del Estado nacional exige que el Estado provincial realice un diagnóstico y un plan para abordar la situación de las personas mayores en Río Negro. La situación de la eliminación de la moratoria previsional y las reformas que se prevén en el acuerdo que firmó Milei con el FMI (con aumento de la edad jubilatoria y de los años de aportes requeridos por la Ley 24.241) nos obligan a hacernos cargo, no podemos usarlo como excusa para desentendernos de las responsabilidades provinciales”.