Un operativo de inspección encabezado por la Brigada Rural de Viedma derivó en el decomiso de 631 kilogramos de productos cárnicos y alimenticios en distintos comercios de la ciudad. Los alimentos incautados carecían de habilitación sanitaria o presentaban riesgos de contaminación. Todo el material fue trasladado al predio de gestión de residuos urbanos.

Este miércoles por la mañana, la Brigada Rural de Viedma realizó un amplio operativo de inspección y control en autoservicios y carnicerías de la capital provincial. El procedimiento se llevó a cabo de manera conjunta con personal de la Secretaría de Ganadería y de la Subsecretaría de Seguridad e Higiene del Municipio de Viedma, en el marco de los controles sanitarios que las autoridades realizan periódicamente sobre la cadena de comercialización de alimentos.

Como resultado de las inspecciones, se decomisaron 631 kilogramos de distintos tipos de productos alimenticios. Entre los artículos confiscados se encontraron carnes vacuna, porcina y ovina que no contaban con el sellado sanitario correspondiente y que, según lo constatado por los inspectores, habrían sido obtenidas a través de faena clandestina, es decir, sin pasar por los controles sanitarios que establece la normativa vigente.

También fueron retirados del comercio chacinados, hamburguesas y milanesas de carne y pollo. En estos casos, los motivos del decomiso fueron la falta de habilitación para su elaboración o el almacenamiento inadecuado: los productos se encontraban junto a verduras y hortalizas, una condición que favorece la contaminación cruzada y pone en riesgo la salud de los consumidores.

Adicionalmente, los agentes intervinientes retiraron salchichas envasadas, quesos y salamines que también estaban expuestos a posible contaminación cruzada con productos cárnicos, situación que los tornaba no aptos para su comercialización y consumo.

Una vez finalizado el operativo, la totalidad de los alimentos decomisados fue trasladada al predio de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) de la ciudad, bajo la supervisión del personal actuante. Este tipo de acciones busca garantizar que los productos que llegan a la mesa de los ciudadanos cumplan con los estándares sanitarios exigidos por la ley, y apunta a desalentar la comercialización informal de alimentos que pueden representar un serio riesgo para la salud pública.