La Defensa Pública de Río Negro debió actuar para verificar las condiciones en que fue internada una mujer mayor en un geriátrico viedmense. El caso se inició tras una denuncia por violencia contra su nuera y la posterior imposibilidad de sus sobrinos de ubicarla o mantener contacto con ella.

Una anciana de Viedma se encuentra en el centro de una compleja situación familiar que requirió la intervención de la Defensa Pública provincial para garantizar sus derechos. Todo comenzó cuando la propia mujer presentó una denuncia contra su nuera por presuntos hechos de violencia, lo que derivó en medidas de protección dictadas por la Unidad Procesal de Familia.

Semanas después de esta denuncia, cuatro sobrinos de la mujer viajaron desde Bahía Blanca hasta Viedma para visitarla, pero se encontraron con que no podían ubicarla ni comunicarse con ella. Esta situación generó preocupación y los llevó a realizar una presentación ante el Ministerio Público de la Defensa.

La Defensora civil interviniente promovió actuaciones en el marco del proceso de guarda de personas mayores con objetivos claros: establecer la ubicación de la mujer, verificar su estado de salud y conocer sus condiciones de vulnerabilidad. Una vez informados de que había sido internada en un establecimiento geriátrico, el paso siguiente fue determinar si esta decisión respondió a su voluntad o si, por el contrario, se produjo en forma involuntaria.

La intervención se desarrolló mediante las herramientas previstas por el Código Procesal de Familia de Río Negro para la adopción de medidas urgentes de protección. La Defensora solicitó que se dispusieran las medidas necesarias para localizar a la mujer, constatar personalmente sus condiciones de alojamiento y salud, verificar si mantenía contacto con su entorno familiar y establecer si había prestado consentimiento para la institucionalización.

Las primeras gestiones incluyeron consultas al hijo y a la nuera de la mujer, realizadas por el equipo técnico de Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano provincial. Según informó el organismo interviniente, durante esos contactos pudieron llegar hasta la mujer para mantener una entrevista directa con ella y conocer su situación personal.

La actuación impulsada por la Defensa Pública tuvo como objetivo garantizar el respeto de los derechos de la mujer, su autonomía, su voluntad y las garantías previstas para las personas mayores. El foco estuvo puesto en verificar las condiciones en las que se produjo la institucionalización y en las que actualmente se desarrolla, entendiendo que constituye una medida de cuidado acorde con la situación de vulnerabilidad observada.

Toda la intervención se sustentó en las herramientas que el Código Procesal de Familia de Río Negro establece para la protección urgente de las personas. El Artículo 54 regula las medidas provisionales destinadas al resguardo de derechos en procesos de familia, mientras que el Artículo 56 prevé la imposición de medidas autosatisfactivas, un mecanismo excepcional aplicable cuando existe una situación de urgencia extrema y el derecho invocado no puede esperar los tiempos de un proceso judicial ordinario. En estos casos, la decisión judicial puede otorgar una tutela inmediata y de carácter definitivo respecto del objeto protegido.