La plenaria de comisiones de la Legislatura rionegrina aprobó por mayoría el dictamen de un proyecto que propone crear ocho cargos de defensores coordinadores en la provincia. La iniciativa busca mejorar la organización interna del organismo, que cuenta con 462 integrantes y actúa en la mayor parte de los procesos judiciales de Río Negro. Bariloche sería una de las cuatro sedes beneficiadas por la medida.

La Legislatura de Río Negro avanzó en una propuesta para reorganizar el Ministerio Público de la Defensa provincial. La plenaria de comisiones otorgó dictamen favorable por mayoría a un proyecto que contempla la incorporación de ocho nuevos cargos jerárquicos de defensores coordinadores, distribuidos en las principales circunscripciones judiciales del territorio rionegrino.

La iniciativa fue presentada por los legisladores Facundo López, Lucas Pica, Juan Martín y Juan Murillo Ongaro. Según el texto del proyecto, se asignarían dos coordinadores por circunscripción judicial: uno para el fuero penal y otro para el fuero civil. Las sedes previstas son Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti, lo que implica una presencia territorial equilibrada a lo largo de la provincia.

Durante la reunión de comisiones, el procurador general Jorge Crespo respaldó el proyecto y subrayó la necesidad de crear una instancia intermedia entre la Defensoría General y los 157 defensores que actualmente actúan en la provincia. En ese sentido, señaló que la Defensa Pública interviene en la gran mayoría de los procesos penales, civiles, de familia y de métodos autocompositivos que tramitan en el ámbito provincial.

La propuesta apunta a coordinar al conjunto de los 462 integrantes del organismo, supervisar causas de alta complejidad y ordenar el régimen de subrogancias, es decir, los reemplazos entre defensores cuando alguno no puede ejercer su función. La figura del defensor coordinador vendría a cubrir un vacío estructural que, según los impulsores del proyecto, dificulta el funcionamiento eficiente del sistema.

Una vez que obtenga dictamen definitivo, el proyecto deberá ser tratado en el recinto por el pleno de la Legislatura para convertirse en ley. De aprobarse, representaría una modificación significativa en la organización del Ministerio Público de la Defensa de Río Negro, con impacto directo en la ciudad de Bariloche, que sería sede de dos de los ocho nuevos cargos.