Una joven que está por dar a luz fue imputada este lunes por la presunta falsificación de un certificado médico de reposo laboral. La audiencia fue breve y ahora hay cuatro meses para definir la situación, mientras la defensa adelantó que cuestionará la calificación legal del hecho.

Una mujer que está a punto de dar a luz y arrastra problemas de salud recibió este lunes a primera hora una formulación de cargos en el fuero penal. La imputación se relaciona con un certificado médico que habría presentado en su trabajo y que, según Recursos Humanos de la repartición donde se desempeña, contendría irregularidades.

La audiencia de formulación de cargos fue breve y estuvo presidida por el juez de Garantías Guillermo González Sacco, con la participación de la fiscal Candela Sequeiros y el abogado defensor particular Joan Maradona. La calificación legal provisoria es ‘falsificación de documento público y uso de documento público falso’, y se estableció un plazo de cuatro meses para que la fiscalía avance con la investigación.

El caso gira en torno a un certificado médico que habría sido emitido por una profesional de una institución privada el 15 de enero de 2025, inicialmente por 24 horas de reposo médico. La sospecha radica en que el documento estaría sobrescrito para extender el período a 72 horas. La médica que firmó el certificado declaró en su testimonial ante la fiscalía que ‘se nota que está adulterado’ y ratificó que lo había emitido por 24 horas.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal cuenta además con otro certificado médico, en este caso emitido por un profesional diferente el 18 de enero del mismo año, también por 72 horas de reposo. Esta documentación forma parte del expediente que deberá analizarse durante la etapa de investigación.

El abogado defensor Joan Maradona explicó que aceptaron la formulación de cargos en esta instancia inicial, pero adelantó que ‘en una etapa posterior vamos a discutir’ la situación. El letrado anticipó que la estrategia de la defensa pasará por cuestionar la naturaleza jurídica del documento: ‘A nuestro criterio se trata de un documento privado y no público’, argumentó, lo que podría modificar sustancialmente la calificación del delito y la eventual pena en caso de condena.