Un juez resolvió el corte de 20 pinos ponderosa que representaban un peligro para una vivienda lindera. El Servicio Forestal Andino había determinado que los ejemplares presentaban inestabilidad estructural y recomendó su eliminación al ras del suelo.

La Justicia Civil ordenó el corte de 20 pinos ponderosa de más de 20 metros de altura ubicados sobre una medianera en la zona oeste de Bariloche, tras considerar que representaban un riesgo grave e inminente para una propiedad lindante y sus habitantes.

La resolución se basó en un informe técnico del Servicio Forestal Andino que confirmó la inestabilidad estructural de los ejemplares. Según la evaluación realizada por los especialistas del organismo, los árboles presentaban riesgo de desprendimientos de ramas, desgajes o roturas de troncos que podrían afectar a la vivienda vecina y a las personas que la habitan.

La propietaria afectada había realizado previamente reclamos verbales ante los responsables de los terrenos vecinos donde se encuentran los pinos, solicitando que se tomaran medidas para reducir el peligro. Sin embargo, al no obtener respuesta concreta, decidió recurrir a la vía judicial.

La mujer inició una acción de ‘daño temido’, una herramienta legal que permite prevenir situaciones que puedan representar un peligro cierto, grave e inminente para las personas o sus bienes. El juez interviniente consideró que el planteo reunía esas características y valoró especialmente el informe del Servicio Forestal Andino como principal elemento técnico.

La resolución judicial ordena que los trabajos de corte se realicen respetando las indicaciones del Servicio Forestal Andino y una vez cumplidos todos los trámites exigidos por ese organismo. Además, el ente forestal recomendó que los 20 pinos sean reemplazados por igual cantidad de especies nativas arbustivas.

La medida alcanza a los responsables de los inmuebles involucrados y a quienes resulten propietarios, poseedores o tenedores de los terrenos donde se encuentran los ejemplares. En caso de incumplimiento, la propietaria quedó habilitada para realizar los cortes a costa de los demandados.

El magistrado estableció además una multa de 50.000 pesos por cada día corrido de demora en el cumplimiento de la orden judicial. También contempló la posibilidad de remitir los antecedentes al fuero penal ante una eventual comisión de un delito de acción pública si la medida no se cumple.