Un fallo judicial en Buenos Aires que ordenó regular las plataformas digitales de transporte mencionó expresamente a San Carlos de Bariloche como ejemplo de ciudad que ya avanzó en normativas sobre el tema. La resolución equiparó a estas aplicaciones con servicios de transporte y no como simples intermediarias tecnológicas.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo que volvió a poner en el centro del debate la regulación de las aplicaciones de transporte de pasajeros. El tribunal ordenó al Gobierno porteño avanzar en la reglamentación de estas plataformas digitales, en el marco de una causa impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis.

Lo destacable para Bariloche es que la sentencia incluyó una referencia directa a la ciudad, citando la Resolución 2610-I-2025 del Municipio como antecedente de gobiernos locales que ya tomaron medidas concretas sobre el tema. La mención aparece cuando los jueces señalan que distintas jurisdicciones del país ‘dictaron normativa específica en miras a remediar conflictos’ vinculados a las plataformas de transporte.

En su resolución, el tribunal consideró un punto clave: estas aplicaciones no constituyen una simple intermediación tecnológica, sino que deben ser entendidas como un servicio de transporte de pasajeros. Esta definición las ubica dentro de las competencias de regulación, control y fiscalización de cada jurisdicción local.

El fallo también cuestionó la falta de intervención estatal en situaciones donde conviven sistemas regulados —como taxis y remises— con otros que operan sin las mismas exigencias. Los jueces plantearon la necesidad de equilibrar las condiciones en materia de habilitaciones, seguros, controles y obligaciones fiscales entre todos los prestadores del servicio.

En ese sentido, la resolución judicial ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementar medidas concretas de regulación que incluyan aspectos vinculados al control de la actividad, la fiscalización del servicio y la información adecuada a los usuarios sobre las características y condiciones de transporte.

De esta manera, Bariloche aparece en el ámbito judicial nacional como una de las ciudades que anticipó la problemática y avanzó en su regulación, estableciendo un marco normativo que ahora es tomado como referencia en fallos de otras jurisdicciones del país.