La Legislatura de Río Negro aprobó la creación de ocho cargos de defensores coordinadores
La Cámara de Diputados provincial dio luz verde por unanimidad a un proyecto que fortalece el Ministerio Público de la Defensa. La iniciativa crea una instancia jerárquica intermedia en los fueros Civil y Penal de las cuatro circunscripciones judiciales de Río Negro. El objetivo es mejorar la organización interna, la supervisión de equipos y la intervención en causas complejas.
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad un proyecto de ley que establece ocho nuevos cargos de defensores coordinadores dentro de la estructura del Ministerio Público de la Defensa de la provincia. La medida representa un paso significativo en el fortalecimiento del sistema de defensa pública rionegrina.
La iniciativa contempla la creación de una instancia jerárquica intermedia en los fueros Civil y Penal correspondientes a las cuatro circunscripciones judiciales en las que se divide la provincia. Esta nueva figura tendrá como funciones principales organizar la gestión administrativa, supervisar los equipos de trabajo y participar activamente en causas de mayor complejidad.
El proyecto fue impulsado por el legislador Lucas Pica, del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN), quien actuó como miembro informante. La autoría de la iniciativa es compartida con los diputados Facundo López, Juan Martín y Juan Murillo.
Durante el debate en el recinto, Pica explicó el espíritu de la propuesta: ‘Lo que hoy estamos propiciando es darle robustez a la defensa, de la misma manera que venimos dándole potencia al sistema de persecución penal’. Con esa afirmación, el legislador remarcó la necesidad de equilibrar las capacidades institucionales entre la acusación y la defensa dentro del sistema judicial provincial.
La aprobación por unanimidad refleja el consenso entre los distintos bloques de la Cámara respecto a la importancia de contar con un Ministerio Público de la Defensa más estructurado y eficiente, capaz de responder a las demandas de una justicia moderna y de garantizar el derecho a la defensa en todo el territorio de Río Negro.


























