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Legisladores del PJ proponen proteger el salario familiar ante el aumento de tarifas

Un grupo de legisladores rionegrinos presentó un proyecto de ley para crear el Programa Rionegrino de Protección del Salario Familiar. La iniciativa busca asistir económicamente a los hogares afectados por el incremento en las tarifas de electricidad, gas y agua. El objetivo central es evitar que los ingresos familiares caigan por debajo de la Canasta Básica Total tras afrontar esos gastos.

Los legisladores Leandro García, Daniel Belloso, Alejandra Mas y Luis Ivancich, del bloque PJ-Nuevo Encuentro, presentaron ante la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley para crear el Programa Rionegrino de Protección del Salario Familiar. La propuesta surge en un contexto de fuertes aumentos en los servicios públicos que golpean los bolsillos de miles de familias en toda la provincia, incluida Bariloche.

La iniciativa establece como referencia un gasto mensual de $400.000 en servicios públicos por hogar. Los legisladores aclararon que esa cifra no representa un monto fijo, sino que funciona como parámetro de cálculo para determinar el nivel de asistencia económica mensual que recibirá cada familia según su situación particular.

El eje de la propuesta es garantizar que, una vez que los hogares afronten el costo de los servicios de electricidad, gas y agua, sus ingresos disponibles no queden por debajo del valor de la Canasta Básica Total. De esta manera, el programa apunta a preservar el poder adquisitivo mínimo necesario para cubrir las necesidades esenciales de cada grupo familiar.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su alcance amplio: contempla a todas las familias rionegrinas que cumplan con los requisitos económicos establecidos, sin importar su condición laboral. Así, podrán acceder al beneficio tanto trabajadores del sector estatal como del privado, jubilados y pensionados, y trabajadores autónomos o independientes.

El proyecto deberá ahora recorrer el camino legislativo para ser debatido en comisiones y luego en el recinto. Si se aprueba, Río Negro contaría con una herramienta concreta para amortiguar el impacto de la crisis tarifaria sobre los sectores más vulnerables de su población.

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