Este martes 12 de mayo se realizará la Cuarta Marcha Federal Universitaria en todo el país, incluyendo Neuquén y Río Negro. El reclamo se intensifica tras un recorte de $78.768 millones en infraestructura y programas educativos, mientras los sueldos universitarios cayeron a su nivel más bajo en 23 años.
Las universidades argentinas vuelven a movilizarse este martes en una nueva jornada de protesta contra las políticas del Gobierno de Javier Milei. Según los gremios universitarios docentes y no docentes, el Ejecutivo nacional acaba de oficializar un recorte adicional de $78.768 millones destinados a infraestructura y programas educativos, profundizando una crisis que tiene a los sueldos del sector en su nivel más bajo en 23 años.
El reclamo central de la marcha es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero actualmente judicializada. Mientras la Corte Suprema define el conflicto, el sistema universitario opera con el 80% de sus docentes por debajo de la línea de pobreza y becas Progresar que permanecen congeladas en $35.000 desde 2023.
Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% en los últimos dos años. La situación se agravó con la firma del ministro de Economía Luis Caputo y el portavoz Manuel Adorni en una decisión administrativa que desvió fondos clave para obras en universidades nacionales de todo el país.
El impacto del desfinanciamiento no se limita a las aulas. Los seis hospitales que dependen de la UBA advirtieron que tienen insumos para apenas 45 días. En el Instituto Roffo, la falta de presupuesto ya pone en riesgo los tratamientos oncológicos debido a fallas en el equipamiento médico.
El conflicto escaló a la Corte Suprema luego de que la Cámara Federal concediera un recurso extraordinario al Estado Nacional. Esto significa que, mientras el máximo tribunal no se pronuncie, el Gobierno no está obligado a transferir los fondos que reclama el sistema universitario. El Ejecutivo argumenta que la ley ‘compromete el equilibrio fiscal’, ya que aplicarla requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
En un giro adicional del conflicto, el sector universitario recusó a tres jueces de la Corte Suprema —Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti— por mantener vínculos docentes con las casas de estudio, lo que podría implicar un conflicto de intereses en la resolución del caso.
La movilización tendrá réplicas masivas en las principales ciudades de Neuquén y Río Negro, sumándose al reclamo federal por la defensa de la educación pública universitaria.
