El gobierno nacional dispuso un amplio recorte del gasto público ante la caída de la recaudación impositiva que ya lleva nueve meses consecutivos. La medida afecta áreas sensibles como salud y educación, además de reducir las transferencias a las provincias, incluyendo Río Negro.

A través de la Decisión Administrativa 202/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional implementó una modificación integral del presupuesto que busca preservar el superávit fiscal. La medida responde al pedido del presidente Javier Milei a sus ministros de presentar un plan de ajuste equivalente al 2% de los gastos corrientes y 20% de los de capital antes del 30 de abril.

El gobierno justifica las quitas señalando que ‘corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido’, y aclara que las rebajas buscan cumplir con el equilibrio total entre ingresos y egresos establecido en la Ley de Presupuesto General.

En el sector Salud, el recorte total asciende a $63.021.299.401. El programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud es el más afectado, perdiendo $25.000 millones en fondos que debían ser transferidos a las administraciones locales. También se redujeron $20.000 millones en el programa de Acceso a Medicamentos e Insumos, y $5.000 millones en las partidas destinadas a la investigación y tratamiento del cáncer.

Otras áreas sanitarias perjudicadas incluyen la prevención de enfermedades endémicas con una baja de $1.500 millones, el desarrollo de la salud sexual con $900 millones menos y la respuesta al VIH y tuberculosis con un recorte de $800 millones.

El sector de Educación sufrió una disminución aún mayor, por $78.711.139.759. La mayor quita se aplicó al Plan Nacional de Alfabetización, con una baja de $35.288.051.713, de los cuales $29.098.051.713 corresponden a transferencias que dejan de recibir los organismos provinciales. Por otro lado, el Fondo de Compensación Salarial Docente, que asiste a las provincias con haberes más bajos para garantizar un piso salarial, tuvo una reducción de $8.929.835.294. Además, se recortaron $21.686.636.818 en el rubro de infraestructura y equipamiento escolar.

El ajuste sobre las provincias se profundiza a través de la eliminación de transferencias directas del Tesoro Nacional. Bajo el concepto de ‘Otras Asistencias Financieras’, se dieron de baja giros para gastos de funcionamiento provincial por un total de $494.290 millones en funciones administrativas y otros $155.710 millones destinados a servicios sociales. El Ministerio del Interior recortó $320.670.508.980 del programa de Relaciones con las Provincias, mientras que el Ministerio de Economía redujo en $322.447 millones los fondos previstos para la coordinación fiscal con las jurisdicciones del interior.

En materia de infraestructura, la Dirección Nacional de Vialidad registró un recorte de $97.103.849.967. La disminución afecta a la construcción de rutas con una baja de $32.335 millones, el mantenimiento de la red existente con $19.839 millones menos, obras de seguridad vial por $17.273 millones, la reparación de puentes por $14.638 millones y tareas de rehabilitación y repavimentación por $13.015 millones.

En el rubro hidráulico, se cancelaron fondos para proyectos estratégicos como el Acueducto Vipos en Tucumán por $7.359 millones, el sistema de agua potable en Concordia, Entre Ríos, por $4.713 millones y la planta depuradora de Rafaela, Santa Fe, por $4.284 millones.

La reestructuración también alcanzó al sistema científico y cultural. El Conicet sufrió una baja de $3.263.497.041, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) perdió $4.409.927.685, afectando proyectos de misiones satelitales y el desarrollo de vehículos lanzadores. En cultura, se destaca la quita de $1.400.004.465 en el presupuesto del Palacio Libertad (ex CCK) y de $586.425.000 para el Parque Tecnópolis.

Como contrapartida a estos recortes, el gobierno incrementó en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales reconocidas judicialmente, elevando el monto total para este fin a $712.288 millones durante el año 2026. Asimismo, se asignaron partidas para financiar el ‘Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)’, con el objetivo de reducir la planta de empleados en dicho organismo descentralizado.